ONU
Foto: Archivo

La ONU pidió este martes a Reino Unido «reconsiderar su plan» de expulsiones de migrantes a Ruanda, país africano a 7.000 km de distancia, que según Naciones Unidas «crea un peligroso precedente en el mundo».

El Alto Comisionado a los Derechos Humanos, Volker Türk, y su homólogo encargado de los refugiados, Filippo Grandi, pidieron a Reino Unido que, en su lugar, «adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos».

El Parlamento británico aprobó el lunes por la noche un controvertido proyecto de ley que autoriza expulsar a Ruanda a solicitantes de asilo que entraron ilegalmente a Reino Unido, después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas.

El texto debe ahora recibir la firma del rey — una formalidad — antes de entrar en vigor. El gobierno espera iniciar las expulsiones «en 10 a 12 semanas».

El primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador estaban presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África, como un país seguro para los migrantes expulsados.

En la misma línea, desde Estrasburgo, el Consejo de Europa, organismo del que Londres hace parte, llamó también al gobierno británico a reconsiderar el texto.

El nuevo Comisario de Derechos Humanos, el irlandés Michael O’Flaherty, manifestó su «preocupación» por el hecho de que el proyecto de ley «permita deportar a personas a Ruanda sin que sus solicitudes de asilo hayan sido examinadas por las autoridades británicas en la mayoría de los casos».

Esta ley «excluye la posibilidad de que los tribunales británicos examinen de forma completa e independiente los casos que se les presentan», añadió.

O’Flaherty recordó que, en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Reino Unido no tiene derecho a devolver a los solicitantes de asilo a su país de origen, ni siquiera indirectamente a través de un tercer país.

El gobierno de Ruanda se declaró «satisfecho» del voto y se dijo «impacientes de acoger a las personas reinstaladas en Ruanda».

Ruanda se presenta a sí mismo como uno de los países más estables del continente africano, pero varios grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame, en el poder desde 1994, de gobernar en un clima de miedo, de reprimir la disidencia y la libertad de expresión.


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