La ONU denunció este viernes que el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas en Chile constituye una violación grave de los derechos humanos y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejen de usar esos proyectiles de manera inmediata.
«La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad», afirmó el organismo internacional desde su sede en Santiago.
La ONU mostró además su preocupación por la gran cantidad de muertos y heridos e hizo un llamado a alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno.
El estallido social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre, el más grave desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet, ha provocado centenares de heridos y detenidos y se ha cobrado la vida hasta el momento de 20 personas, de las cuales seis son ciudadanos extranjeros.
La mayoría de las marchas son pacíficas, aunque en las últimas jornadas algunas se han tornado violentas y han terminado con saqueos, barricadas, destrucción de mobiliario público y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, un ente estatal independiente, señaló que hay 1.778 heridos hospitalizados. De estos, casi 200 padecen lesiones oculares por culpa de los balines y perdigones.
Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico de Chile, calificó este jueves la situación de emergencia sanitaria. Meza aseguró en declaraciones a EFE que muchos de los heridos necesitarán prótesis de por vida.
«No se ha respetado la distancia de seguridad para disparar proyectiles. Se ha apuntado por encima de la cintura y, en ocasiones, en presencia de niños, embarazadas o personas con movilidad reducida», afirmó el doctor.
Las protestas se iniciaron en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el gobierno y el desigual modelo económico del país.
Sebastián Piñera, presidente de Chile, muy cuestionado por la represión con la que se están conteniendo las manifestaciones y quien decretó el estado de emergencia durante los primeros días de la crisis, respondió con una agenda social que no convence a los manifestantes. La misma incluye aumento del salario mínimo y rebajas millonarias al sueldo de los parlamentarios.
Varios organismos internacionales enviaron misiones al país para investigar las más de 2.000 denuncias por violación de derechos humanos que manifestantes han presentado contra las fuerzas de seguridad del país.
En ese sentido, la Fiscalía se encuentra investigando a 14 carabineros por presuntas torturas durante el estado de emergencia y la muerte de cinco personas presuntamente a manos de los militares.