El relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, concluyó una evaluación en Honduras este jueves y alertó sobre interferencias del gobierno y el Parlamento en el sistema de justicia.
Existen «diferentes tipos de interferencias en la organización y el ejercicio del sistema judicial (…) por parte del Poder Legislativo y Ejecutivo que amenazan la independencia» de la justicia, señaló el funcionario en rueda de prensa.
García-Sayán realizó una visita a Honduras por invitación del gobierno de Juan Orlando Hernández. Durante su estancia en el país se entrevistó con autoridades gubernamentales, miembros de la sociedad civil y empresarios.
«La independencia del sistema judicial y conceptos democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un reto y desafío para Honduras», advirtió.
Dijo que en 2012 el Congreso destituyó a cuatro de los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional, después de declarar inconstitucional la depuración policial impulsada por el Legislativo y el Ejecutivo.
La sala hizo una interpretación de la Constitución que habilitó la reelección de Hernández en 2017, a petición de diputados cercanos al presidente, lo que estaba prohibido en la carta magna.
García-Sayán señaló que ese tipo de interpretaciones de la Constitución, que se han dado en varios países, «no son pasos que ayudan a la legitimidad de las instituciones (…) ni fortalecen la imagen del sistema judicial».
Destacó que la corrupción y el crimen organizado logran imponer trabas que impiden la acción de la justicia penal.
Mencionó que un grupo de diputados fueron acusados por la Fiscalía, apoyada por la misión de la OEA, para el combate de la corrupción y la impunidad, pero el Congreso reformó la ley para que el juicio fuera pospuesto.
Reducción de homicidios
El jurista peruano reconoció que el gobierno ha reducido la tasa de homicidios de 89,5 por cada 100.000 habitantes en 2014 a menos de 35 en 2019. Sin embargo, «la pobreza extrema, el crimen organizado y las actividades ilícitas de las pandillas continúan alimentando la inseguridad ciudadana», explicó.
Lamentó que 125 abogados han sido asesinados en los últimos diez años. 97% de esos delitos permanecen impunes.