El grupo brasileño Odebrecht pidió este lunes su recuperación judicial en Brasil para evitar la quiebra, para lo que ha renegociado sus deudas, al tiempo que trata de recomponer una imagen que pasó de ser la de un líder industrial a la de un exportador de un modelo de corrupción a gran escala.

El grupo, fundado en 1944 en el estado de Bahía, actúa en áreas tan diversas como la construcción de carreteras y estadios, el aprovisionamiento de agua y energía y la construcción de submarinos. 

En la primera década de este siglo encarnó a un Brasil pujante con negocios en América Latina y África. No obstante, fue fulminado por la Operación Lava Jato, que a partir de 2014 desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

El esquema trascendió las fronteras y generó crisis políticas en varios países. En Perú, tres ex presidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del Metro de Lima.  

Odebrecht fue condenada a pagar diferentes multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Su ex presidente Marcelo Odebrecht, nieto del fundador del imperio, fue detenido en junio de 2015 y condenado a más de 19 años de cárcel. La sentencia fue reducida a 10 años después de que aceptase colaborar con la justicia, y desde diciembre de 2017 cumple prisión domiciliaria.

Las confesiones de 77 de sus ex ejecutivos sirvieron de base para nuevas tandas de acusaciones contra políticos de primer plano.

Las finanzas del grupo se vieron afectadas por el escándalo y la grave recesión de dos años en la que Brasil se sumió en 2015. Su facturación pasó de 132.500 millones de reales en 2015 a 82.000 millones en 2017 (39.100 millones de dólares a 25.685 millones de dólares, a los cambios promedios respectivos de esos años).

Para afrontar el temporal, se lanzó a un programa de venta de activos. Su plantilla mundial pasó de 180.000 empleados hace cinco años a 48.000 en la actualidad.

Fue precisamente el fracaso de una operación de venta de una de sus joyas, la petroquímica Braskem (cuyo capital controla en asociación con Petrobras), lo que precipitó el pedido de recuperación judicial. 

El objetivo de la recuperación judicial es buscar vías para superar una situación de crisis financiera de un deudor, con el fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores.

Odebrecht se vio obligada, además, en estos años a redefinir su dirección, por lo que apartó del mando a la familia fundadora.

El monto de la deuda para el que pidió acogerse a la recuperación judicial suma 84.000 millones de reales (21.500 millones de dólares al cambio actual).