El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por «traición a la patria», cumplió este jueves 400 días privado de libertad desde que la Policía de Nicaragua le impidió el 4 de agosto de 2022 salir del palacio episcopal del departamento de Matagalpa cuando se dirigía a ofrecer una eucaristía.
El 4 de agosto pasado, el movimiento Acción Dale Vida Nicaragua lanzó una jornada de oración y la campaña «Eucaristía para monseñor Rolando Álvarez», en la que invitó al pueblo nicaragüense a mostrar su apoyo y exigir que se permita al religioso recibir la comunión y celebrar la eucaristía, pues ese día «marcó un año desde que no ha podido realizar estos actos sagrados».
La campaña busca «hacer viral esta demanda en las redes sociales» y «llamar a la participación activa y pacífica del pueblo nicaragüense creyente para unirse en comunión y oración» por la liberación del prelado, muy crítico del gobierno de Daniel Ortega.
El mismo 4 de agosto el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields escribió en Twitter: «Se cumplen 365 días desde que la dictadura sacrílega, satánica y cobarde de Ortega encarceló injustamente al obispo Rolando Álvarez. El poder de Dios es más grande que el de dos tiranos. El obispo del pueblo pronto será libre y sus carceleros lo saben».
Dirigentes opositores nicaragüenses, como Juan Sebastián Chamorro y la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, también se sumaron a la campaña y demandaron la liberación de monseñor Álvarez.
El «calvario» de Rolando Álvarez
El 4 de agosto de 2022, fuerzas especiales de la Policía de Nicaragua impidieron la salida del palacio episcopal de Matagalpa al obispo Álvarez, seis sacerdotes y seis laicos que se dirigían a ofrecer una eucaristía.
Ese día, antes de que policías antidisturbios sitiaran la parroquia y bloquearan la salida con porras y escudos, el obispo salió del palacio episcopal, se puso de rodillas en la acera, elevó sus manos al cielo y recibió de un colaborador una imagen de Jesús Sacramentado, con la que se acercó a los oficiales, que se retiraron, lo que se viralizó en redes sociales.
El religioso acusó entonces a la policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, de no permitir la libre circulación, la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad religiosa, además de crear zozobra y agitar los «ánimos y la fe tan sencilla de nuestro pueblo fiel».
Dos días después, la policía acusó al obispo de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».
Quince días después de estar confinado y de madrugada, Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sacado por agentes policiales del palacio episcopal y trasladado a Managua bajo custodia.
Ortega lo tildó de «desquiciado» y «energúmeno»
El 10 de febrero, Álvarez, de 56 años de edad, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados «traición a la patria».
La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, a Estados Unidos, lo que provocó la indignación de Ortega, quien lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».
El papa Francisco calificó como una «dictadura grosera» al Ejecutivo de Ortega en Nicaragua, un mes después de esa condena, según entrevista publicada el 10 de marzo.
«Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio», afirmó Francisco al portal argentino Infobae.
Ortega, que ha calificado como una «mafia» a la Iglesia, declaró interrumpidas las relaciones bilaterales con el Vaticano.
En julio, el obispo salió por unas horas de la cárcel La Modelo, pero fue devuelto a prisión tras negarse a abandonar Nicaragua.
Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, tras coordinar una junta de gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990.