Un grupo de nueve países urgió este viernes en la LII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la «liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos» de Venezuela.
«(El grupo de nueve países) urge la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Que cese el acoso, respete a los partidos políticos, a la libertad de expresión y también la de la prensa. Además, la restauración del pleno respeto a los derechos humanos y libertades individuales», dijo el embajador de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett.
Adsett explicó que hablaba en nombre de los jefes de delegación de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Los cuales han acudido al LII periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que concluye este sábado en Lima.
También expresaron su preocupación por las denuncias de «violaciones sistemáticas de derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela. Y que agravan las crisis sociales y económicas».
Adsett mencionó un informe de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «concluye que la erosión del Estado de derecho en Venezuela crea un clima de violación de derechos humanos sistemática».
«(La CIDH) considera que la cooptación del poder público en cabeza del gobierno y la erosión del estado de derecho generó un ambiente propició para la comisión sistemática de graves violaciones de derecho humanos», reza dicho informe.
Nueve países urgen a Venezuela liberar «a todos los presos políticos»
En este sentido, la CIDH explicó que ha documentado «la práctica reiterada de ejecuciones judiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza. También detenciones arbitrarias de personas que protestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Poder Ejecutivo, desapariciones forzadas. Así como torturas y otros tratos crueles en contextos de privación de libertad».
El embajador canadiense mencionó también los informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela. Los cuales acusaron el pasado septiembre a la inteligencia civil y militar del país (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad. Esto con el objetivo de reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado «desde el más alto nivel».
También recordó que en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, abrió una investigación formal al país por posibles violaciones de derechos humanos.
Por todo ello, el grupo de nueve países pidió «apoyar la renovación» de la misión independiente. Además, hizo un llamamiento para que haya una «investigación profunda para llevar justicia y clarificación de la verdad».