La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este jueves que votará en contra de la nueva propuesta constitucional elaborada por el órgano constituyente de mayoría conservadora, documento que se plebiscitará el 17 de diciembre.
«Esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto”, dijo la también exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
A juicio de la exmandataria chilena, la propuesta constitucional elaborada por el Consejo «pone un límite» al ejercicio de derechos.
“En algunos temas, como los derechos de nosotras las mujeres, esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas; una verdadera protección estatal, un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos, la participación igualitaria. Debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos”, subrayó Bachelet.
«Chile no se merece una Constitución que nos divida»
Bachelet también indicó que la propuesta no garantiza explícitamente los derechos y deberes de los niños y adolescentes chilenos, algo que le resulta preocupante especialmente “para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad o abandono”.
“Y no quiero dejar mi preocupación por la situación de seguridad en nuestro país, un desafío que trasciende gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad, crucial para enfrentar temas de Estado, es lo que esperábamos de una nueva propuesta constitucional. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta parece dividirnos y tampoco nos entrega más seguridad (…) Por estas y otras razones, votaré en contra. Chile no se merece una Constitución que nos divida”, concluyó.
La propuesta de nueva carta magna fue elaborada durante cinco meses por un órgano de 50 miembros elegidos en las urnas, donde el ultraderechista Partido Republicano (22 escaños) y la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos (11) hicieron valer su contundente mayoría para incluir artículos que han sido criticados desde varios sectores por suponer «retrocesos» respecto a la Constitución actual, heredada de la dictadura militar (1973-1990).
Entre las cláusulas más polémicas destacan «el derecho a la vida de quien está por nacer» -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
«Libertad» y «seguridad»
Los detractores del texto también critican cómo ha quedado el Estado social de derecho, una aspiración histórica de la izquierda y centro-izquierda, y denuncian que hay artículos que perpetúan el actual Estado subsidiario y consagran constitucionalmente el sistema privado de salud o el criticado modelo de pensiones de capitalización individual.
Para los defensores, en cambio, la propuesta garantiza «libertad» y «seguridad» y da «certezas económicas y jurídicas» al país.
Si el texto finalmente se rechaza en diciembre, tal y como apuntan todas las encuestas, seguirá vigente la actual carta fundamental, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada en democracia.
El primer proceso concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto que, a diferencia de ahora, fue escrito por una convención de mayoría izquierdista.