La captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, quien deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es el mayor golpe dado al gobierno del Pacto Histórico.
La detención, en la mañana de este sábado, se produce el mismo día del cierre de inscripciones de los candidatos a las elecciones locales. Muy seguramente todos los opositores políticos del oficialismo utilizarán su caso para afectar la imagen del presidente que, a propósito, desde que estalló el escándalo ha venido en descenso, según las encuestas.
Hasta ahora, su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, también capturada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, ha dicho que el presidente Petro desconocía las presuntas acciones delictivas de su hijo.
En una campaña política, los adversarios al jefe del Estado, seguramente, sembrarán dudas por esta tesis.
«Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de $600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, ‘el Turco’ Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento», dijo Vásquez en su momento en referencia a ingresos para la campaña presidencial de Petro del que no hay registros en las cuentas de la campaña.
De acuerdo con la Fiscalía, las órdenes de capturas fueron expedidas por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En este caso, se va a medir también el respeto del presidente hacia las instituciones.
El caso se produce tres semanas después de que también la Fiscalía imputó por varios delitos -entre ellos enriquecimiento ilícito- al excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga por recibir pagos de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña de 2014, en la que perdió en segunda vuelta contra Juan Manuel Santos.
Junto a Zuluaga responde ante la justicia su hijo, David Zuluaga, quien era su jefe de campaña. Para la Fiscalía el entonces candidato habría aceptado en 2014 un aporte ilegal de 1,61 millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht.
Caso del hijo de Petro
En ese momento, según lo conocido del proceso, el entonces candidato del partido Centro Democrático habría pactado con el entonces representante de la compañía en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli, para pagar esa cantidad al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como «Duda» Mendoça. Aquí también se eludió la responsabilidad de reportarlo a la autoridad electoral.
Ambos casos ponen sobre la mesa el tema de la financiación ilegal de las campañas políticas, un delito que mancha los procesos electorales. Un punto de partida que levanta nubarrones en el horizonte para las elecciones locales. Convencer al electorado de que las cosas, ahora sí van a cambiar, será difícil.
Cuando se conoció el caso de Petro, fue el propio mandatario el que anunció que ponía la suerte de su hijo y de su hermano, Juan Fernando Petro, en manos del ente acusador. Ahora, reiteró, que respetará su autonomía para la marcha del proceso.
El caso de Juan Fernando tiene que ver por supuestamente haber recibido pagos de personas en prisión a cambio de ser incluidos en las negociaciones de paz que está adelantando el gobierno.
“Creo que el daño ya estaba hecho y ha sido fuerte”, dice Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
“Es una de las razones por las que el presidente ha perdido mucho terreno en las encuestas de opinión. Se trata, además, de una situación que se suma a los escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Es muy negativo para el presidente y su imagen. Ahora va a ser decisivo es cómo continuará la investigación y si es creíble la tesis que ha sostenido la exesposa de Nicolás Petro según la cual, el presidente no estaba el tanto de las de los las actuaciones de su hijo, lo que evidentemente, genera dudas en la medida en que estos hechos aparentemente tendría que ver con el financiamiento de la campaña. Es como una espada de Damocles sobre el presidente”, asegura este analista.
“Los efectos de la captura de Nicolás Petro son políticos y electorales”, asegura, por su parte, Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado de Colombia. “De un lado, la agenda de política pública de la Casa de Nariño resultará afectada. El Pacto Histórico ganó las elecciones con mensajes de transparencia, respeto a las instituciones y cambio en las prácticas políticas. Y la captura de Nicolás Petro por temas de lavado de activos ensombrece la integridad de la campaña de 2022 y deja una mancha de legitimidad que dificultará la gobernabilidad, el presidente Petro en sus esfuerzos por crear consensos con los partidos y movimientos políticos para impulsar sus iniciativas legislativas en el Congreso de la República”, asegura.
Una tesis que comparte el analista Diego Arias. “Es innegable que, no solo la imagen sino de alguna manera la propia gobernabilidad del presidente, resultarán lastimadas de forma importante, no obstante, la reacción del primer mandatario que ha sido oportuna, humana, consistente y, sobre todo, extiende garantías para el proceso judicial”, dice este experto residente en Cali.
“El escenario más complejo deriva de sí a futuro se llega a establecer el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial, lo cual si podría precipitar una crisis política realmente profunda, incluso si fue sin el conocimiento del entonces candidato Gustavo Petro”, agrega Arias.
“En ese escenario habrá que asumir la responsabilidad política en un asunto en que ya no cabe el «fue a mis espaldas», añade. “El futuro de las reformas y la paz que agencia el gobierno requiere de mucha legitimidad y capital político y este hecho, por supuesto que no ayuda”, argumenta.
Mientras que Libreros reflexiona: “Esta captura afectará electoralmente los niveles de aceptación e intención de voto de los candidatos del Pacto Histórico a las corporaciones públicas territoriales, porque pierden las consignas de relevo de las élites políticas tradicionales para gobernar bajo consignas de respeto a las instituciones políticas”.
En efecto, por ejemplo, el impacto naturalmente se sentirá en la campaña del aspirante a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, quien también está en los testimonios de Day Vásquez como uno de los beneficiados de los giros de dineros que habrían enviado Santa Lopesierra y Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca para la campaña presidencial de Petro.
«Se consolida un hito en la opinión pública para apuntalar la idea de que este gobierno «es igual a todos» minando la idea de cambio y estimulando la decepción en alguna parte de la ciudadanía», dice, por su parte, el experto en comunicación política Andrés Segura.
«Este será un hecho que será utilizado por la oposición, que posiblemente buscará mecanismos institucionales para ampliar el impacto de la situación. Veremos a varios políticos proponiendo debates o acusaciones en Congreso, por ejemplo», augura este analista.
A todo esto, se suma una situación que debe ser vista con lupa en el futuro. “La elección del nuevo Fiscal pues la opinión pública mirará las decisiones del presidente con muchísimo cuidado porque evidentemente está este asunto detrás y la suspensión actual de conflictos de intereses. Al presidente le va a tocar elegir ahí con muchísimo cuidado personalidades por fuera de cualquier duda”, añade el profesor Basset.
“El presidente puede inclinarse hacia la escogencia de un Fiscal de bolsillo. Esto continuaría el ciclo de la corrupción y desvanecería todo su proyecto de cambio”, finaliza Juan Gabriel Gómez, profesor el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales ( IEPRI ). Por eso, de los movimientos que realice el Jefe del Estado podrá salvar el obstáculo más grande para él en su año de presidencia no solo por lo político sino por humano.