En los últimos días, agentes de la DEA han entrado en varias oportunidades a la prisión española Soto del Real, donde está recluido el general retirado Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia y contrainteligencia venezolano.

El militar se resiste a ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, con el argumento de que es un mero acto político. Pero accedió a dialogar con los federales para obtener beneficios judiciales a cambio de información que tiene sobre Nicolás Maduro y los alfiles que lo mantienen en el poder.

El Tiempo estableció que uno de los temas sobre el tapete es el de los nexos del régimen con el grupo terrorista Hezbolá, que el gobierno de Trump califica como la principal amenaza de seguridad de su país.

Hay quienes creen que ese asunto, unido a la gigantesca operación de lavado de activos con las llamadas cajas de alimentos Clap –revelada hace ocho días por el Departamento del Tesoro–, podrían terminar por cerrarle el cerco internacional al régimen de Maduro. Y en ese capítulo, un colombiano es clave: Álex Saab Morán.

Pasaportes y tierra

Sobre Hezbolá, hay indicios de todo tipo. Sus voceros fueron los primeros en salir a respaldar a Maduro, el 24 de enero, luego de que Juan Guaidó juró como presidente interino. Tres días después, desde Beirut, el embajador venezolano Jesús González se reunió con Mohammad Raad, jefe parlamentario de Hezbolá, quien declaró que “la resistencia islámica está al lado de Venezuela y su liderazgo legítimo”.

Y a los ocho días, en el Congreso de los Pueblos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez –con varios viajes a países donde tiene presencia Hezbolá– fue fotografiada con la tradicional ‘hatta’ o ‘kufiyya’, el pañuelo palestino que también suele usar Hasan Nasrallah, líder de ese grupo extremista.

“Nuestra solidaridad con el pueblo palestino… Sabemos que ha sido una de las víctimas del imperialismo y del sionismo”, dijo Rodríguez en esa ocasión.

Pero más allá del simbolismo de esos episodios, Carvajal tendría cómo demostrar supuestas alianzas de Hezbolá con Tareck el Aissami, vicepresidente del área Económica y ministro de Industria de Venezuela.

El autoproclamado chavista radical es de origen sirio-libanés y a él se le atribuye haber gestionado que 173 sirios, libaneses, jordanos, iraquíes e iraníes ligados a Hezbolá obtuvieran pasaporte venezolano para sacarlos del radar de los agentes que les siguen la pista.

La operación se habría coordinado desde las embajadas venezolanas en Damasco (Siria) y Jordania, donde trabajó Husam el Aissami, familiar de Tareck el Aissami, a quien Estados Unidos ya ha sancionado.

Además, El Tiempo estableció que desde hace al menos tres años miembros de Hezbolá se asentaron en el estado Bolívar, rico en minas de oro y diamante. Se dice que están cerca del Guri –origen de la reciente oleada de apagones– y que mantienen anillos de seguridad.

La información la confirmó el diputado opositor, oriundo de esa región, Américo De Grazia, quien también precisó que la llegada del grupo terrorista acabó con el ingreso que por turismo tenía esa zona.

“No se sabe a cambio de qué Tareck el Aissami ayudó a esa gente a llegar. Compraron las tierras donde funcionaban negocios legales y sacaron a la gente”, le dijo De Grazia a El Tiempo.

El jueves, el periódico The New York Times reveló que la inteligencia venezolana tiene documentos que probarían los nexos de Tareck el Aissami con Hezbolá.

El factor Saab

Estados Unidos también está atento a la suerte del colombiano Álex Saab, testaferro de Maduro, según la fiscal en el exilio Luisa Ortega.

Este miércoles, la Fiscalía intentará imputarle cargos –por tercera vez– por contrabando de telas y pedirá una circular roja de Interpol para su captura.

A ese caso se le une una indagación reservada por sus supuestos nexos con Hezbolá, que un agente de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (departamento de la Policía Nacional Colombiana) filtró, y su lucrativo negocio con las llamadas cajas Clap, que para Estados Unidos lo convierten en “facilitador financiero del régimen”.

La defensa de Saab niega tajantemente el testaferrato, el lavado y el contrabando, y más aún los nexos con Hezbolá. Pero algunos creen que si termina enredado por las Clap o le expiden la circular roja, sería un gran golpe para el régimen.

Por ahora, Estados Unidos le sigue el rastro al negocio de las Clap que Saab trasladó a Turquía. Poco después de que el barranquillero aterrizó allí, empezó el intercambio de oro venezolano por alimentos turcos.

Y la DEA también indaga otra denuncia que ya conoce la Fiscalía de Colombia: la pérdida de 230.000 armas de bases castrenses venezolanas. La ONG FundaRedes dice que una parte del arsenal habría terminado en manos del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En cuanto a Hezbolá, Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, ya lanzó una advertencia: “Sus células activas están impactando en las vidas de los venezolanos y de América del Sur. Y tenemos una obligación de bajar ese riesgo”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

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