Miles de migrantes en tránsito por Panamá en su ruta hacia Estados Unidos se encuentran varados por las protestas generalizadas en el país contra un polémico contrato minero, con cortes de vías que impiden los desplazamientos por carretera hacia la frontera norte con Costa Rica.
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) reclamó este miércoles en un comunicado la necesidad de crear un «corredor humanitario» para los «más de 8.000 migrantes» que se encuentran retenidos en Panamá debido a las protestas de las últimas semanas en el país centroamericano.
Entre esos migrantes, más de 5.000 están en los centros de recepción migratoria habilitados por el gobierno panameño y en localidades próximas a la selva del Darién, que hace de frontera entre Panamá y Colombia.
Por allí pasan diariamente cientos de migrantes, víctimas a menudo de robos, violaciones, ataques de animales salvajes o subidas repentinas de ríos. Según datos de las autoridades panameñas, en lo que va de año han atravesado la selva más de 435.000 personas, superando ampliamente la cifra récord del año pasado de 248.000.
Protestas en Panamá
«Solicitamos que se habilite un corredor humanitario. Las condiciones ya difíciles de agua, alimentación, albergue, seguridad y salud principalmente en Lajas Blancas y Bajo Chiquito (los dos centros de recepción migratoria) se agravarán con el represamiento», afirmó el jefe de la misión Panamá-Colombia de MSF, Luis Eguíluz.
Médicos Sin Fronteras proporcionó entre enero y septiembre en sus puestos de atención médica en Darién unas 47.000 consultas médicas y de enfermería, 2.100 consultas de salud mental, 13.500 curaciones y atendió 290 casos de violencia sexual, algo que subraya la gravedad del estado de los migrantes después de atravesar la selva.
El gobierno panameño proporciona a los migrantes autobuses, que deben costearse ellos mismos, para hacer el recorrido directo desde Darién hasta un centro de atención migratorio en Costa Rica, pero MSF advirtió que más de 3.000 migrantes «han visto interrumpido su paso en 50 autobuses» por los cortes de vías.
Panamá vive desde hace diez días protestas ininterrumpidas para reclamar la derogación de un contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals, por considerarlo dañino para el medioambiente y que afecta la soberanía del país, mientras el gobierno defiende que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco, además de generar 9.300 empleos.
La ley se debate ahora en el Parlamento, donde podría ser derogada si avanza en dos debates más, después de haber superado el martes el primero de los tres necesarios, lo que podría poner fin a la crisis.