Un centenar de migrantes cubanos se manifestaron este domingo en Miami (Florida) para pedir un estatus legal para permanecer y trabajar en Estados Unidos después de un fallo judicial que limita las vías para obtener la residencia permanente.
Los manifestantes se congregaron en un céntrico restaurante para pedir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que considere el formulario de entrada al país I-220A como una vía válida de obtener la residencia permanente (conocida como «green card»).
Dicho formulario, conocido también como «Orden de libertad bajo palabra», se entrega a ciertas personas que resultaron detenidas por oficiales de inmigración al entrar al país de forma irregular y puestas en libertad.
«Estamos pidiendo con humildad, no exigiendo, pidiendo de favor al gobierno de Estados Unidos, que nos legalice, que nos permita trabajar». Así lo dijo una manifestante durante la protesta, en la que mostraron carteles pidiendo «libertad para los presos políticos en Cuba».
El pedido de los migrantes cubanos
El pasado 12 de septiembre, la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos falló en contra de que la I-220A, la consideren como un permiso humanitario para permanecer en el país, según recoge la prensa local.
Se trata de un fallo judicial a partir de una apelación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre un caso concreto, el del cubano Olty Cabrera Fernández, procesado con un I-220A al entrar al país.
La decisión del tribunal de apelaciones dio la razón al gobierno de Estados Unidos, que considera que la única opción para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, establecida en 1966, es un permiso humanitario. Esto lo pueden conseguir con un patrocinador legal dentro de Estados Unidos.
El fallo judicial podría afectar a decenas de miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos por los diferentes puntos fronterizos desde el 2021 y a quienes les fue entregado el documento I-220A tras ser liberados por las autoridades migratorias.
Sin embargo, en declaraciones a medios locales, el abogado de inmigración Willy Allen dijo que no cree que las personas que tengan I-220A corran peligro alguno de que las detengan o deportadas de manera inmediata.
Allen consideró que se trata de un caso en particular al que se puede apelar.
Por su parte, la congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar, del Partido Republicano, pidió al secretario de Seguridad Nacional que reconozca al I-220A como un permiso humanitario.