Aunque hallar a los desaparecidos está grabado a fuego entre los objetivos del gobierno de México, un informe presentado este jueves, lejos de establecer hojas de ruta, pone de manifiesto la desinformación que durante décadas se ha acumulado ante esta tragedia que suma miles de casos, fosas y cuerpos.

Durante la presentación del documento “Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017”, los autores subrayaron la presencia de datos incongruentes entregados por las autoridades, que dificultan la búsqueda de más de los 40.000 desaparecidos que registra oficialmente el país, que se entremezclan con problemas como la debilidad de los sistemas de justicia y una posible cooperación por parte de elementos del Estado.

Uno de los coordinadores del estudio, Jorge Ruiz, expuso que solo 24 fiscalías estatales, de las 32 entidades federativas del país, entregaron información al respecto. “El resto nos dijeron o que no se habían documentado hallazgos de fosas clandestinas en sus estados, aunque sabemos que sí es así porque lo habían documentado por familiares, o porque habían salido en la prensa”, aseguró.

En los casos en que sí se dieron esos datos, las organizaciones que llevaron a cabo la investigación se dieron cuenta de que la información recibida difería, incluso la entregada por la misma fiscalía.

Aún con estos inconvenientes, los resultados principales indican que de 2006 a 2017 se reportaron alrededor 1.606 fosas clandestinas en el territorio mexicano.

De ellas se han exhumado 2.489 cuerpos y 584 restos humanos, pero de los cadáveres encontrados en fosas tan solo 434 han sido identificados.

El resto siguen siendo cuerpos sin nombre, en medio de una tragedia que restalla especialmente en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Zacatecas, los cuales suman el mayor número de observaciones registradas por las autoridades.

La conclusión general, dijo Denisse González, otra de las coordinadoras del estudio, es que “la inhumación clandestina no se ha detenido, se siguen sumando casos”.

De forma innegable, en México este crimen se trata de un “fenómeno acumulativo”.

González lamentó que, a pesar de los datos analizados que incluyen no solo fiscalías sino de miles de hallazgos de fosas reportadas por parte de la prensa nacional, se sigue sin saber cuál es la magnitud real de este gran problema.

“No podemos decir que las cifras que están aquí sean las últimas, esto se sigue practicando y los colectivos buscadores siguen encontrando fosas nuevas”, agregó.

En esta línea, Jorge Ruiz, quien es integrante del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, quiso aclarar que los resultados del informe detallan cuántas fosas se reportan, no cuántas fosas hay, algo muy complejo de aclarar todavía.

A la hora de buscar culpables, lejos de culparse solo a los cárteles criminales, la responsabilidad se traslada también hacia militares y policías.

David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana, señaló: “Además de matar, las fuerzas federales también desaparecen personas, eso es lo que dice este informe”. Asimismo, apunto: “Son 36 sentencias contra soldados por crímenes contra civiles, 4 de ellas por desaparición forzada”.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó a las autoridades a generar un sistema de registro de información transparente.

“A la clandestinidad de las fosas no se puede agregar la clandestinidad de la información accesible”, dijo. Y agregó que “este mapa de horror de las fosas clandestinas solo puede combatirse con estrategias contra la impunidad”.

Por último, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, reconoció que el principal problema es la falta de información.

El mes pasado, Quintana expuso que desde que se reactivó esta comisión el pasado mes de marzo se han recibido 481 reportes de personas en paradero desconocido. Precisó, entonces, de estas se han encontrado alrededor de 15 personas con vida y 4 muertas. México localizó 222 fosas y 337 cuerpos desde diciembre de 2018.

Pese a la magnitud de la problemática, los expertos presentes este jueves reconocieron los esfuerzos del nuevo gobierno, que desde que entró en vigor el 1° de diciembre ha mostrado sensibilidad a la hora de asumir las responsabilidades del Estado en esta sensible herida, aunque aún sin resultados.