Un tribunal de Panamá declaró este viernes inocente al ex presidente Ricardo Martinelli de todos los cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos de los que fue acusado por la Fiscalía, que pidió 21 años de cárcel como castigo, y ordenó su libertad inmediata.
Ha sido una decisión unánime del tribunal constituido por los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara, y esperada por el ex presidente, un multimillonario, de 67 años de edad, que siempre defendió su inocencia y denunció ser víctima de una persecución política de parte de su antiguo aliado, el ex gobernante Juan Carlos Varela.
«Gracias a mis abogados, se hizo justicia. Esta era una conspiración de Juan Carlos Varela y Ronaldo López», este último ex jefe del Consejo Nacional de Seguridad, declaró un exaltado Martinelli cuando era escoltado fuera de los tribunales, que abandonó a toda prisa, y mientras sus simpatizantes coreaban «Ricardo, amigo, el pueblo está contigo».
Los fiscales salieron escoltados por un contingente policial mientras los seguidores de Martinelli les gritaban “traidores, mentirosos» y atacaban a patadas los vehículos del Ministerio Público.
«El tribunal del juicio considera declarar no culpable al señor Ricardo Martinelli de los delitos acusados (…) y se levanta la medida cautelar que pesa en su contra y se ordena su inmediata libertad», leyó el juez Raúl Vergara en la sala del tribunal.
Tras leer un fallo durante más de una hora, los magistrados del tribunal señalaron que la acusación de la Fiscalía se hizo «con hechos imprecisos y mal estructurados».
«El Ministerio Público no logró acreditar su teoría del caso y afloran dudas razonables”, dijo el tribunal e indicó que «se vulneraron los principios fundamentales del debido proceso».
El tribunal reconoció que existen indicios de que hubo actividades al margen de la ley en el Consejo Nacional de Seguridad, sin embrago, surgieron dudas que no fueron resueltas por las pruebas.
A Martinelli se le acusó de cuatro delitos que comprenden 21 años de prisión por la supuesta interceptación de las telecomunicaciones a decenas de opositores, empresarios, periodistas y activistas sociales.
Se trata, pues, de los delitos de interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).