El luto es el común denominador en Nicaragua: la muerte de 6 miembros de una familia en un ataque contra su vivienda conmovió al país, sumido desde hace 2 meses en protestas contra el gobierno que han dejado 178 fallecidos.
En un receso del diálogo entre el presidente Daniel Ortega y la oposición, que las partes intentan mantener a flote con la mediación de la Iglesia católica, se multiplicaron las críticas y señalamientos por la creciente violencia.
El encuentro entre el gobierno izquierdista y los opositores, después de reanudadas las conversaciones, estuvo ensombrecido por la muerte de seis personas –incluidos dos niños– luego de que encapuchados armados lanzaran bombas molotov e incendiaran su casa.
Otras dos personas murieron atacadas por hombres armados cuando intentaban despejar una carretera bloqueada, dijeron las autoridades.
La Cancillería difundió videos sobre ambos crímenes por las redes sociales como una “muestra de las amenazas que recibió la familia asesinada” por parte, supuestamente, del movimiento estudiantil 19 de Abril, que lidera las protestas antigubernamentales.
Avances. El diálogo reabierto entre el gobierno y la oposición logró avanzar en la discusión de la agenda de democratización, que incluye la propuesta de adelantar las elecciones presidenciales de 2021 para marzo de 2019.
“Que hayamos comenzado es un avance, porque el objetivo final de este diálogo es empezar un proceso de democratización y que se haga justicia por las víctimas de esta represión”, declaró Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana.
Las sesiones continuarán hoy con las comisiones de trabajo que crearon los obispos para tratar las reformas en el Estado.
La Iglesia propone, además, que las reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine la reelección presidencial para impedir que Ortega, en el poder desde 2007, se vuelva a postular.
En las conversaciones el gobierno aceptó invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Unión Europea a observar la situación de violencia.