París
Foto: Referencial

La defensa del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó oficialmente este viernes ante la justicia que se le niegue el beneficio de la libertad condicional.

Lula está preso desde abril del año pasado para cumplir una condena por corrupción.

Los abogados del ex gobernante presentaron al comienzo de la noche, cuando se vencía el plazo, un recurso ante el juzgado de ejecuciones penales de la ciudad de Curitiba. En el documento expresan el deseo de su cliente de que se le niegue la posibilidad ofrecida por la Fiscalía de que pueda cumplir el resto de su condena en régimen semiabierto.

La Fiscalía considera que Lula, por buen comportamiento y por haber cumplido la sexta parte de su condena, tiene derecho de salir de la cárcel para trabajar de día o incluso de cumplir el resto de la condena en casa con varias condiciones.

La titular del juzgado de ejecuciones penales de Curitiba, Carolina Lebbos, tiene que pronunciarse en los próximos días sobre la petición que, en este sentido, hizo la misma Fiscalía en septiembre pasado.

Lula había manifestado su rechazo a esa posibilidad en una carta que divulgó en septiembre pasado. En la misiva dijo: “(No pretendo) cambiar mi dignidad por mi libertad”. Dicha afirmación la hizo, pues considera que tanto su proceso como su condena son ilegítimos.

El ex mandatario asegura que solo acepta salir de la cárcel cuando la justicia lo declare inocente y que no pretende aceptar un “cambalache” ofrecido por los fiscales para intentar darle apariencia de legitimidad al proceso en su contra, que considera una persecución política.

Saldrá cuando se le declare inocente

El también ex dirigente sindical rechaza cualquier condicionamiento a su libertad, como el uso de una tobillera electrónica, la restricción a sus movimientos o el tener que presentarse regularmente ante las autoridades.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin, explicó en una rueda de prensa que su cliente “no acepta la petición de la Fiscalía de progresión de la condena porque pretende luchar por su plena libertad, su plena inocencia y el reconocimiento de que no practicó ningún crimen”.

Zanin agregó que el recurso presentado este viernes tiene como base una cautelar en que el Supremo Tribunal Federal establece que el proceso de Lula no puede ser motivo de ninguna deliberación hasta que la propia Corte Suprema no se pronuncie sobre un recurso en el que el ex presidente pone en duda la imparcialidad del juez que lo condenó, el actual ministro de Justicia, Sérgio Moro.

El abogado explicó que tal cautelar fue dictada cuando la Fiscalía intentó que Lula fuese transferido desde la sede de la Policía Federal, en la ciudad de Curitiba (en el sur del país), donde cuenta con una celda especial, al presidio de Tremebé, un penal en el estado de Sao Paulo destinado a presos especiales.

Zanin agregó que dicha cautelar aún está en vigor y que impide que la jueza de ejecución penal se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía para que Lula pueda ser liberado con condiciones.

Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, la cual fue ratificada en tres instancias diferentes por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. La sentencia se dictó después de haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en la playa a cambio de favores políticos a la empresa OAS, una de las constructoras favorecidas con contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Sobre Lula pesa otra condena, a doce años y once meses de cárcel, en un caso muy similar. En este caso se debe a las millonarias obras que hicieron diferentes empresas en una casa de campo, en la que el líder socialista descansaba semanalmente en Atibaia (interior del estado de Sao Paulo).

Esta última sentencia fue dictada tan solo por el juez de primera instancia y aún no ha sido analizada por el tribunal de segunda instancia, por lo que Lula podría defenderse en este proceso en libertad.

El ex gobernante tiene otros procesos abiertos en la justicia por diferentes corruptelas, pero en todos se ha declarado inocente y víctima de una “persecución judicial” que busca evitar su regreso al poder.


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