Un juez ordenó liberar a 24 sospechosos de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida hace casi cinco años en México, informó este domingo el jefe de la Comisión de la Verdad.
«Estas 24 libertades se añaden a las 53 ya otorgadas por el mismo juez, lo cual suma 77 libertades» de presuntos autores de delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes, informó Alejandro Encinas, director de la comisión.
Agregó que solo quedan 65 de las 142 personas que habían sido detenidas con relación al crimen ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el convulso estado de Guerrero.
Encinas, quien es también subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advirtió que podrían ocurrir más liberaciones en los próximos días.
Irregularidades
El funcionario alertó sobre irregularidades en el criterio aplicado por el juez, como no tomar en cuenta la jurisprudencia del caso, desestimar las pruebas existentes o negar plazos razonables a los fiscales para poder subsanar las investigaciones.
«El juez interpreta (…) con mucha laxitud la ley pero no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad», afirmó Encinas.
«La verdad histórica»
La investigación del caso Ayotzinapa fue acusada de serias negligencias en ese entonces. Incluidas la obtención de testimonios mediante tortura y la alteración de los escenarios del crimen.
Esas denuncias impulsaron al gobierno de López Obrador a crear en enero la comisión que busca zanjar definitivamente el caso.
La primera conclusión oficial fue duramente cuestionada por investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La misma fue presentada en enero de 2015 como «la verdad histórica».
La versión oficial
Según la versión oficial de 2015, los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales. Entregados luego a narcotraficantes que los asesinaron en la localidad de Iguala.
Estos incineraron sus cuerpos y arrojaron finalmente las cenizas a un río cercano.
Entre los liberados hasta ahora se cuentan presuntos miembros de los grupos criminales, así como algunos de los policías con los que habrían estado coludidos.
«Esta resolución es una afrenta a las víctimas. A los padres de familia y a la justicia en nuestro país (…), muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia», afirmó Encinas.
El funcionario informó que la Fiscalía general trabaja en nuevos expedientes para acusar a los sospechosos liberados.
Así como en establecer la responsabilidad de altos funcionarios, autores de la llamada «verdad histórica», como el ex fiscal de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam.