La decisión del gobierno de Irán de liberar a 70.000 presos para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles excluye a quienes resultaron arrestados por participar en las protestas del pasado noviembre. Los detenidos han terminado acusados de delitos que no entran en la medida de emergencia.
El relator de la ONU sobre los derechos humanos en Irán, Javaid Rehman, dijo este martes que los liberados resultaron acusados de delitos sancionados con hasta cinco años de cárcel. A su vez, a los manifestantes se les acusa de delitos contra la seguridad del Estado, que implican penas mucho más graves incluida su ejecución.
Rehman presentó esta semana al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre Irán que había preparado con anticipación y que se centró en la situación de las cárceles. En esos centros las autoridades iraníes detectaron un potencial foco infeccioso que les llevó a optar por liberar a decenas de miles de presos ante el coronavirus.
Aunque no es oficial, se cree que la medida tendrá una duración inicial de un mes.
El relator indicó que el hacinamiento y la falta de higiene son las principales características de las prisiones iraníes. En esos centros pueden haber cientos o miles de personas detenidas únicamente por haber participado en protestas contra el gobierno y corren el claro riesgo de contraer el coronavirus.
Irán reporta hasta el momento 7.161 casos de coronavirus y 237 muertes por esta enfermedad convertida en epidemia en las últimas semanas.
Reham dijo que en muchos centros penitenciarios se constató, además de la violación de una serie de derechos relacionados con un juicio justo, casos de negación de tratamiento médico, lo que ahonda la preocupación en relación al coronavirus.
«Recomiendo que se libere a todos los presos, sin discriminación e independientemente de que haya cometido delitos políticos o graves». Así dijo en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.
Se estima que durante las manifestaciones de hace cuatro meses, que se desataron por un aumento drástico del precio de la gasolina, más de 300 personas murieron y unas 7.000 personas fueron detenidas. No obstante, se desconoce cuántas siguen desde entonces tras las rejas, cuantas terminaron liberadas y vueltas a detener o cuantas están libres, pero con restricciones de movimiento.
La información que maneja el relator, a quien el gobierno de Irán no le ha permitido visitar el país, señala que la situación de los hospitales es preocupante por la falta de equipamiento médico, en parte por la crisis económica por la que pasa Irán, pero también como resultado de las sanciones internacionales.
Reham cree que las autoridades no son transparentes en cuanto a la situación real de los hospitales frente al flujo de enfermos de coronavirus, muchos de los cuales requieren cuidados intensivos durante días o semanas.
Desde su punto de vista, la respuesta del Ejecutivo de Irán fue muy escasa y muy tardía y no se dictaron las medidas de prevención apenas se detectó el primer foco de coronavirus en la ciudad religiosa de Qoms, a mediados de febrero.
Para el relator, una muestra de lo mal que se abordó esta emergencia fue que no se postergasen las elecciones parlamentarias, el pasado 21 de febrero, un evento multitudinario que podría haber facilitado la propagación del virus.