La ley de amnistía para los independentistas catalanes, fruto de duras negociaciones entre los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y dos partidos separatistas catalanes, superó un primer obstáculo el jueves con su aprobación en la comisión de Justicia del Congreso español.
La aprobación de este texto es vital para la continuidad del gobierno de izquierda, porque de ella depende el indispensable apoyo de los diputados independentistas catalanes a Sánchez, que no puede aprobar ninguna ley sin sus votos.
La ley pretende amnistiar a todos los encausados por el fallido intento de secesión en 2017 de la región de Cataluña, en el noreste de España, unos varios centenares de personas.
Una primera versión del proyecto fue rechazada el 30 de enero en el pleno del Congreso de los Diputados, paradójicamente, por los votos en contra del partido Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya), del expresidente catalán Carles Puigdemont, que consideró que no iba suficientemente lejos.
La comisión de Justicia del Congreso aprobó este jueves el nuevo texto introducido por el Partido Socialista, Junts e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro partido independentista catalán.
El pleno tendrá que volver a votar el proyecto en una fecha por definir, previsiblemente la semana próxima.
Si el Congreso da su luz verde, la ley pasa al Senado, donde la mayoría de derecha, que considera esta medida inconstitucional, ha prometido retrasar el máximo su aprobación.
El acuerdo sobre el nuevo texto fue anunciado la noche del miércoles por el partido de Pedro Sánchez y los independentistas.
La ley cubrirá «a todas las personas vinculadas al proceso independentista» y será «plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea», garantizaron en un comunicado conjunto.
Si la ley se aprueba en los plazos previstos, Carles Puigdemont, instalado en Bruselas para evadir la justicia española, «podrá volver en julio», estimó a la radio RAC1 el secretario general de Junts, Jordi Turull.
La ley es «injusta, inconstitucional e inmoral», además de «corrupta», porque «es el pago» de los socialistas a los independentistas para que Sánchez puede «seguir ostentando el poder», fustigó la número dos del Partido Popular (PP, derecha), Cuca Gamarra.