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Foto Archivo

La Cámara de Representantes de Florida aprobó este jueves una polémica ley que obliga a las menores de edad a tener el consentimiento de los padres para abortar.

La medida que depende de la firma del gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, para entrar en vigor.

Tras un amplio y acalorado debate de dos días en el capitolio estatal, en Tallahassee, los miembros de la Cámara baja aprobaron la legislación con 75 votos a favor y 43 en contra.

De esta manera, Florida se convirtió en estado más de los 26 que actualmente solicitan el permiso para abortar. Este exige que al menos uno de los padres o tutor legal autorice por escrito la decisión de la menor de edad.

Actualmente, la legislación establece que los tutores legales solo sean notificados en caso de que el menor a su cargo solicite un aborto. Pero ahora serán estos los que tendrán que aprobar el procedimiento, salvo en caso de emergencia médica.

A principios de este mes, el Senado de Florida aprobó esta normativa con 23 votos a favor y 17 en contra, pese a la oposición de los demócratas que la consideran inconstitucional y una violación a la ley de privacidad.

Tras la aprobación de esta tarde, los demócratas denunciaron en un comunicado que el proyecto de ley republicano desmantela derechos de aborto para mujeres jóvenes.

«El proyecto de ley republicano es inconstitucional en vista de la decisión de la Corte Suprema de Florida de 1989. Esta defiende el derecho a la privacidad de las mujeres jóvenes», declaró Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida.

«Los críticos señalaron que tendrá efectos adversos para las mujeres jóvenes. No solo en Florida, sino potencialmente en todo el sudeste del país, porque Florida es uno de los últimos lugares en la región donde el acceso al aborto no está muy restringido», añadió Rizzo en el comunicado.

«Si este proyecto de ley se convierte en ley, los legisladores republicanos finalmente ignorarán la voluntad del pueblo», sentenció. Tras la previsible firma de DeSantis, la nueva ley debe entrar en vigor el 1 de julio.


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