El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló este viernes enfáticamente contra las interceptaciones ilegales, después de que se conoció que alguien mandó intervenir ilegalmente el teléfono de Marelbys Meza, quien trabajó como niñera en casa de su jefa de gabinete y mano derecha, Laura Sarabia, y señalada como autora de un hurto.
«Cualquier chuzada ilegal se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente son violaciones de derechos humanos. El gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará», dijo Petro en un tuit, haciendo referencia al término como se conocían las interceptaciones ilegales hechas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
El supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de la alta funcionaria supuestamente por Meza, una mujer que trabajó para ella como niñera, fue el detonante de una serie de actuaciones irregulares que hoy tiene en la cuerda floja a Sarabia, que se ha convertido en la mano derecha de Petro en su gobierno, y al embajador de Venezuela, Armando Benedetti, quien lo fue durante la campaña electoral.
Benedetti entró en este juego donde hay muchos cabos sueltos acusado de fuego amigo, al poder estar chantajeando a Sarabia, quien trabajó con él antes de entrar a la campaña, por puestos más importantes que el de embajador.
Además de una acusación de que la niñera fue llevada a una dependencia de la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo, que se investiga si fue ilegal.
Las últimas revelaciones, de la Revista Cambio, muestran que Meza no solo fue interrogada sin orden judicial sino que su teléfono fue interceptado por la Policía, que usó como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó.
Las escuchas
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se reunió este viernes con el director de la policía colombiana, el mayor general William Salamanca, para conocer de primera mano los avances en la investigación sobre las interceptaciones ilegales.
«Tenemos que encontrar la verdad, estamos ante un hecho que no se ha esclarecido», aseguró el ministro.
La Policía acusó el jueves a un investigador de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de solicitar la interceptación de la línea de la exniñera y de una mujer que trabajaba como empleada doméstica en la casa de Sarabia cuando se produjo el hurto de un maletín con una cantidad de dólares que supuestamente había recibido la jefa de gabinete como dietas.
Este funcionario pidió intervenir sus teléfonos aludiendo a que pertenecían a dos personas -alias «La Cocinera» y alias «La Madrina»- que podrían hacer parte de la organización criminal del Clan del Golfo. Y la Fiscalía aseguró que a un fiscal se le indujo a error para ordenar la intervención.
10 días después de esta orden, el pasado 9 de febrero, un investigador de la Dijin decidió suspender la orden al darse cuenta de que no había ninguna información sobre el Clan del Golfo.
La orden de intervenir estos teléfonos se dio, según la Fiscalía, el día después de que Sarabia y su esposo denunciaran la pérdida de 4.000 dólares.
Se espera que el presidente hable este viernes sobre el futuro de Sarabia, de quien se conoció que ya ha presentado su dimisión, y Benedetti, además de que el gobierno ha ordenado investigar quién ordenó esta nueva «chuzada».
El subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier, habló en contra de las escuchas ilegales, aludiendo a que el país «debe poner fin a este fenómeno crónico».
«Urge adoptar medidas para investigar el abuso de entidades de investigación e inteligencia y revisar los protocolos para autorizar interceptaciones telefónicas. Todos los responsables deben ser llevados ante la justicia», dijo Pappier.