La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó este lunes con la búsqueda de al menos 11 cadáveres de salvadoreños desaparecidos, incluidos cuatro soldados, en una fosa clandestina localizada en el municipio de Ilopango, al oeste de la capital de El Salvador, informó la institución.
El fiscal general, Raúl Melara, quien llegó al lugar para verificar los trabajos que se realizan, dijo a periodistas que ya se tienen fuertes indicios de que los cadáveres de los militares se encuentran en la zona».
Según el Ministerio Público, los agentes de la Fuerza Armada fueron privados de libertad y luego asesinados por supuestos miembros de una pandilla.
El hecho ocurrió en 2016 y la fosa clandestina se ubica en la colonia Vista al Lago, en Ilopango, zona fuertemente asediada por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).
El titular de la Fiscalía no brindó detalles sobre los demás cuerpos que se supone están enterrados en dicha fosa clandestina.
Estos sitios se suman a los más de 150 cementerios clandestinos de las pandillas encontrados desde 2014 en diversas partes del país, con más de 220 víctimas de la violencia homicida.
Fiscal General Raúl Melara en exhumaciones Vista al Lago, caso desaparecidos: «El fenómeno de los desaparecidos hay que atacarlo de raíz y como Fiscalía estamos asumiendo el compromiso». pic.twitter.com/wcyikyvJub
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 8 de julio de 2019
Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en El Salvador, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en uno de estos lugares.
Más de 10.800 personas han desaparecido en El Salvador desde 2010, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), por encima de las 8.000 registradas oficialmente durante la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992.
Las tasas de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes registradas entre 2015 y 2018 colocan a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, índices que el gobierno atribuye a las acciones de las pandillas.
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.