La Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Rancagua revocó hoy un fallo de primera instancia y sobreseyó de forma definitiva a Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en el llamado Caso Caval, después de tres años de investigación.
El tribunal de alzada, tras escuchar alegados de las partes, acogió un recurso presentado por la defensa de Dávalos y anuló una resolución del Tribunal de Garantía de Rancagua, que el 18 de diciembre rechazó, por cuarta vez, una solicitud de sobreseimiento, por considerar que no había claridad sobre la participación o no del hijo de Bachelet en los hechos investigados.
En la audiencia de este martes, la defensa de Dávalos reiteró que después de tres años de investigación, no había sido imputado formalmente por los delitos de tráfico de influencias, lavado, revelación de secreto, uso de información privilegiada y negociación incompatible de los que le acusó la Fiscalía a comienzos de 2015.
«Se acoge la solicitud planteada por la defensa del imputado Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, dictaminándose por ende a su respecto, el sobreseimiento definitivo de la presente investigación en relación a los ilícitos antes mencionados», señala el fallo de la Corte en su parte resolutiva.
El caso se refiere a una compra de terrenos que serían urbanizados en la localidad de Machalí por parte de la empresa Caval, de la que Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, es socia y está imputada formalmente por delitos tributarios.
El negocio, que tuvo cuantiosas ganancias, fue financiado con un préstamo de 6.5 millones de pesos chilenos (9,7 millones de dólares) que concedió personalmente a Caval el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic.
Con esos recursos se compraron los terrenos, que después se vendieron por más de 9.000 millones de pesos (unos 13,5 millones de dólares).El caso provocó a comienzos de 2015 la renuncia de Dávalos al cargo de director sociocultural de la Presidencia, que ostentaba en el gobierno de su madre, cuya aprobación se desplomó desde entonces y se mantuvo en niveles de 20 % hasta hace pocos meses, cuando empezó a remontar, ya en las postrimerías de su mandato.
A la salida del tribunal, este martes, Sebastián Dávalos leyó una declaración en la cual calificó a la Fiscalía de la región de O’Higgins de «corrupta, mentirosa e indecente» y anunció una querella por filtraciones y otras irregularidades que a su juicio se han cometido en su contra.
«La Fiscalía Regional de O’Higgins no está sobre la ley, como el fiscal (Emiliano) Arias parece creer, y transgredir las normas que nos rigen a todos los chilenos socavan los cimientos de institucionalidad democrática y del Estado de derecho que rigen nuestro país», afirmó en parte la declaración.
Dávalos agregó que han pasado tres años y que hasta el día de hoy no ha sido formalizado y menos aún acusado. «Es paradójico, que pese a encontrarse la causa cerrada, la fiscalía mantuviera el porfiado afán de negarse sistemáticamente a mi sobreseimiento, aun cuando ha señalado en más de una ocasión que no he cometido delito alguno», manifestó Dávalos.
Añadió que «el caso Caval dejó hace mucho tiempo de ser un caso penal, es a todas luces un caso político donde se nos ha enjuiciado y sentenciado comunicacionalmente a mí y mi familia sin existir a la fecha juicio alguno».
El ex director de la Dirección Sociocultural del Palacio de La Moneda afirmó que «no me sorprendería que después de emitido este comunicado la muy corrupta fiscalía, haciendo uso de la nomenclatura utilizada por el fiscal nacional, intente formalizarme por algún delito inexistente a modo de represalia, como ya ocurrió tempo atrás en el caso de mi señora Natalia».
«Una Fiscalía corrupta no está en condiciones morales ni éticas de realizar investigación alguna, y menos aún de formalizar o acusar a algún ciudadano», enfatizó el texto de la declaración.