El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este viernes que el país centroamericano vive un golpe de Estado orquestado con el objetivo de evitar su investidura y la de su partido político el 14 de enero.
En rueda de prensa junto con su vicepresidenta, Karin Herrera, el mandatario electo acusó a la fiscal general, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del golpe de Estado.
Señaló también al fiscal Rafael Curruchiche, a la junta directiva del Congreso, a un juez penal y a otros actores como los instigadores del golpe de Estado, al intentar romper el orden constitucional y violentar la democracia.
Órganos gubernamentales de Guatemala contra Movimiento Semilla
La denuncia de Arévalo de León llega en la misma semana en que la junta directiva del Congreso, del partido Vamos, del presidente Alejandro Giammattei, suspendió a la bancada legislativa del Movimiento Semilla. Este es el partido que llevó al académico de 64 años de edad a la presidencia.
Además, esta misma semana el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral canceló al partido de manera provisional. Y en ambos casos fue por orden del juez penal Fredy Orellana, por solicitud del Ministerio Público (Fiscalía) que dirige Porras.
Las intenciones de cancelar al partido por parte del Ministerio Público se iniciaron el 12 de julio, tiempo después de que Arévalo sorpresivamente se colara a la segunda vuelta en las elecciones del 20 de junio. Expertos y analistas, aparte del mismo excandidato, las catalogan ilegales.
Desde entonces la Fiscalía ha allanado la sede del Movimiento Semilla y también el Tribunal Supremo Electoral, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 durante la fundación del partido.
El objetivo del golpe de Estado es impedir la toma de posesión
Arévalo de León explicó este viernes que «el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia».
De acuerdo con el actual diputado, el golpe de Estado se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias. Y cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente.
El académico hizo un llamado a la población a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular para derrotar a las fuerzas golpistas que «pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza».
La investidura de Arévalo de León está programada para el 14 de enero, en reemplazo del Alejandro Giammattei.
El legislador indicó que ve una contradicción en el proceso de transición, que según Giammattei empezará el 4 de septiembre.
«Por un lado vemos la formalidad protocolaria del presidente (Giammattei). Y al mismo tiempo existe este plan consecutivo de golpe de Estado»,expresó Arévalo de León.
La OEA vigilará el proceso de transición
La denuncia de Arévalo de León este viernes coincidió con una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que otorga al secretario general del organismo, Luis Almagro, una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala.
Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y la República Dominicana impulsaron la iniciativa. Y resultó aprobada por aclamación, es decir, con el aplauso de la mayoría de los embajadores que representan a los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece a la organización pero no participa desde 1962).
La resolución pide a Almagro que se reúna con representantes del Ministerio Público (Fiscalía) cuando viaje a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición.
El texto le solicita que traslade al Ministerio Público la importancia de la separación de poderes por ser esencial para el ejercicio de la democracia, y que destaque que el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable.
Almagro estuvo en Guatemala en agosto durante cuatro días para verificar el proceso electoral. Y durante ese período se reunió con las autoridades del Ministerio Público, incluyendo el fiscal Curruchiche.
El secretario general de la OEA advirtió este viernes en la reunión extraordinaria de la OEA que cualquier otra opción que no sea la investidura de Arévalo de León el 14 de enero será vista como un rompimiento constitucional.