¿Qué relación tiene con las personas que han visitado ex paramilitares en distintas cárceles del país?; ¿alguna vez y con su consentimiento se ofrecieron dinero o beneficios jurídicos durante esas visitas, en especial a Juan Guillermo Monsalve?; ¿cuál era el objetivo de esas visitas?; ¿qué papel desempeñó el abogado Diego Cadena, quien lo representó, en todo esto?
De ese talante son las al menos 100 de las preguntas que componen el cuestionario que este martes, desde las 8:00 de la mañana, deberá responder el ex presidente y senador Álvaro Uribe en el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia.
Desde julio de 2018 el alto tribunal abrió un proceso penal para determinar si Uribe es responsable de los delitos de soborno y fraude procesal. Es una decisión sin precedentes jurídicos por tratarse de un ex mandatario aún activo políticamente.
José Luis Barceló, ex magistrado, estructuró el caso al basarse en que el líder del Centro Democrático habría intentado influir en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar, presuntamente para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el surgimiento de las autodefensas en Antioquia.
El expediente se abrió luego de determinar que Iván Cepeda, senador del Polo y duro contradictor de Uribe, no fue quien “torció” testigos a su favor, como denunció el ex mandatario. Hay evidencia de que aparentemente la conducta la cometió el ex presidente.
El hombre decisivo
Desde que entró en vigencia la doble instancia para aforados, se creó en la Corte una Sala de Instrucción que es la que lleva este tipo de casos. Allí el expediente le correspondió a Cristina Lombana, magistrada. Sin embargo, el caso cambió de manos tras ser recusada por su supuesta cercanía con uno de los abogados de Uribe, el penalista Jaime Granados, y por haber sido juez penal militar.
El recurso lo interpuso el senador Cepeda y fue admitido por la propia Sala de Instrucción que integra, por lo que terminó apartada del proceso.
Por esta razón, el caso lo tiene ahora César Augusto Reyes Medina, magistrado, quien este martes estará al frente del ex mandatario adelantando la indagatoria. La suerte jurídica de Uribe está en sus manos, junto a los demás miembros de la Sala de Instrucción.
¿Quién es el magistrado Reyes Medina y por qué terminó heredando este espinoso proceso?
El togado recibió el expediente porque, tras la recusación contra Lombana, le corresponde asumirlo a quien siga en orden alfabético en la sala que conforman seis magistrados.
Pero Reyes Medina no es ningún desconocido en el ámbito jurídico del país. Se trata de un abogado con más de 30 años de experiencia en litigio y más de 20 en la docencia.
Recibió su título en La Gran Colombia; se especializó en Derecho Penal en la Nacional, en Derechos Humanos, de la ESAP, y en docencia universitaria, de la Santo Tomás.
Además, es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y tiene formación académica en Estados Unidos y Puerto Rico.
De Reyes Medina también se sabe que durante 17 años se desempeñó como defensor público. Durante otros tres fue conjuez en la Sala Penal de la Corte que ahora integra.
Su hoja de vida también indica que trabajó como consultor del Comité de Impulso a la Administración de Justicia en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Fue miembro del Comité Interinstitucional para la implementación de la oralidad.
Los otros rostros
Fuentes de la Corte Suprema explicaron que, tras escuchar a Uribe en indagatoria, quedan los siguientes caminos: que la defensa del senador o el mismo despacho de Reyes Medina pidan la práctica de más pruebas para contrastar lo que se diga este martes.
Luego Reyes Medina deberá proyectar una providencia indicando si encontró mérito para ordenar la captura del ex mandatario. Esta tiene que ser votada por los otros miembros de la Sala de Instrucción, exceptuando a Lombana, por lo que está recusada. Este paso puede tardar varias semanas.
¿Pero quiénes son los otros togados? Se trata de los magistrados Héctor Javier Alarcón, quien fue asesor de la Procuraduría y magistrado auxiliar en la Corte Suprema. También figura Francisco Javier Farfán, ex procurador delegado y ex conjuez del mismo alto tribunal. El otro es Misael Fernando Rodríguez, quien ofició como procurador en asuntos penales y trabajó en la Fiscalía de Eduardo Montealegre.
Y el cuarto es Marco Antonio Rueda: ha sido juez, fiscal delegado ante la Corte y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
En todo caso, la suerte jurídica del ex mandatario depende en gran medida de la decisión que proyecte el magistrado Reyes Medina tras escucharlo este martes en las nuevas instalaciones de la Corte, ubicadas en la calle 72 con carrera 8. El país político, a juzgar por las marchas convocadas, también está atento.