Colombia debe mantener un robusto programa de erradicación forzosa de cultivos de coca, expandir la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de cocaína y precursores químicos si es que quiere alcanzar la paz.
Eso dijo el gobierno del presidente Joe Biden al presentar al Congreso de su país la primera evaluación sobre la lucha antinarcóticos desde que asumió la presidencia el presidente Gustavo Petro.
La evaluación hace parte del Reporte sobre la Estrategia Internacional contra las Drogas, que produce el Departamento de Estado y que por ley debe ser sometido al Legislativo anualmente. También indica que el país necesita ampliar la presencia estatal en zonas rurales y crear las condiciones para que prosperen los programas de desarrollo y sustitución de cultivos.
En el reporte, conocido por EL TIEMPO, Estados Unidos también dice que es necesario desmantelar las organizaciones criminales que se dedican a este negocio y que son responsables de 97% de la coca que entra a territorio estadounidense.
«Reducir la producción de cocaína y desmantelar los grupos delictivos organizados es fundamental para lograr paz duradera en Colombia. La policía y el ejército colombianos han impedido que cientos de toneladas métricas de drogas lleguen a los Estados Unidos anualmente a un gran costo financiero y humano tanto en sus fuerzas como para erradicadores. Para evitar más cultivos de coca, Colombia necesitará mantener una erradicación forzosa robusta, expandir la erradicación voluntaria y aumentar los operativos de interdicción contra la cocaína y precursores», dice el documento.
Estados Unidos también sostiene que para que prosperen los programas de desarrollo y sustitución es necesario que exista «un fuerte compromiso e inversión por parte del Estado colombiano» y que su intención es seguir colaborando estrechamente con el gobierno para abordar los altos niveles de coca que aún existen en el país.
Pese a ese a ello, la evaluación que presenta la administración Biden deja claras las fisuras que ya existen con el gobierno Petro, algo que dejan entrever en algunos de los apartes del reporte.
Esto, porque el nuevo gobierno de izquierda ha dicho que no piensa erradicar forzosamente en algunas zonas del país, que solo lo hará una vez la sustitución de cultivos comience a dar frutos y que no piensa considerar la reanudación de la fumigación aérea.
En el reporte del Departamento de Estado se menciona el acuerdo al que había llegado en septiembre de 2021 con el gobierno de Iván Duque para desarrollar una estrategia integral antinarcóticos en el país.
Pero según Estados Unidos, Petro no ha «revisado» aún esa estrategia, si bien algunos de sus componentes han sido respaldados públicamente por el Presidente. Entre ellos seguridad y desarrollo rural y protección del medioambiente.
«Al asumir el cargo, el presidente Petro anunció que su administración buscaba expandir las operaciones de interdicción y esfuerzos contra el lavado de dinero dirigidos a narcotraficantes de alto nivel. Petro ha declarado su intención de cambiar el enfoque a la erradicación voluntaria de coca una vez se revise si el programa de sustitución de cultivos se puede implementar de manera confiable, mientras se mantiene una capacidad creíble de erradicación forzada bajo ciertas circunstancias. Mientras el Gobierno revisa sus planes antinarcóticos, Colombia continúa con sus programas de erradicación manual», dice el informe al describir los cambios que ha anunciado el nuevo presidente.
A la hora de evaluar cifras, el reporte destaca que Colombia no cumplió con su compromiso de erradicar al menos 100.000 hectáreas en 2022, pues solo eliminó 70.000. No especifica, no obstante, si ese faltante de 30.000 se acumuló desde la llegada de Petro a la presidencia. Pero lo que sí dice es que esa meta sí se alcanzó en el 2021, cuando se erradicaron 103.000 hectáreas, y en el 2020 (130.000 hectáreas).
El informe no da a conocer las estadísticas sobre cultivos ilícitos detectados en el país en el 2022. Por lo general, esas cifras las entrega la Casa Blanca en otro reporte que se publica entre junio y agosto de cada año.
Sin embargo, menciona que los cultivos ilícitos presentes en 2021, unas 234.000 hectáreas sembradas, representan niveles muy altos.
De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, las cifras del 2022 podrían batir récords históricos si se tiene en cuenta la caída de la erradicación que se presentó el año pasado.
Según el informe, el país también decomisó unas 783 toneladas métricas del alcaloide, cifra muy similar a la registrada en 2021.
Otro dato interesante del reporte es que atribuya el 97 por ciento de toda la coca decomisada en EE UU a un origen colombiano. Si bien históricamente Colombia ha sido responsable de más del 90 por ciento del mercado de cocaína en EE UU, pocas veces había llegado a representar el 97 por ciento. De hecho, en los informes que publica la DEA por lo general es del 92 por ciento.
En el informe, el Departamento de Estado menciona cómo una decisión judicial del 2021 impide que se haga erradicación en Nariño, el departamento donde más coca hay sembrada según EE UU (68.300 hectáreas). Así mismo, recuerda que la fumigación aérea —frenada desde 2015 por una decisión de la Corte Constitucional— depende de que el Gobierno presente un plan para hacerlo de manera segura. Algo en lo que Duque avanzó, pero fue abandonado por Petro.
El reporte de drogas menciona de paso que el país sigue siendo socio de EE UU en la lucha contra las drogas y un líder fuerte a nivel regional en esta materia.
Venezuela ya es un país productor de drogas ilícitas
El reporte, por su puesto, evalúa a otros países de la región.
En el caso de Venezuela, sostiene que hay preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en su territorio, algo que está convirtiendo a la nación no solo en punto de tráfico, sino de producción de drogas.
«La creciente evidencia de cultivos de coca y producción de cocaína en laboratorios domésticos de drogas sugiere que Venezuela es ahora un país productor de drogas ilícitas, así como un país de tránsito», dice el informe.
En términos generales, el Departamento de Estado afirma que Venezuela sigue siendo un ruta importante para el tráfico de drogas y que el régimen de Maduro depende cada vez más del negocio de la droga para subsistir.
«El régimen de Maduro —sostiene— depende cada vez más de las rentas del narcotráfico, junto con otras actividades ilícitas, para mantener su control ilegítimo del poder. La falta de cooperación en el control internacional de las drogas del régimen, la usurpación del sistema judicial, militar y de los servicios de seguridad para fines ilícitos, la corrupción pública y la cooperación con actores armados no estatales y elementos criminales proporcionó las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada».
Así mismo, Estados Unidos dice estar preocupado por la producción y tráfico de fentanilo en México y por el aumento de los cultivos ilícitos en Honduras.