Cinco sacerdotes católicos nicaragüenses, que recién se les condenó a 10 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria», resultaron excarcelados este jueves y expulsados a Estados Unidos, según resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Se trata de los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y el diácono Raúl Vega González, todos de la diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
También el presbítero Óscar Danilo Benavidez Dávila, párroco de la parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua.
Además los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo católico Sergio Cárdenas.
Ese grupo de religiosos forma parte de un grupo de 222 personas considerados presos políticos por los organismos humanitarios a los que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó su deportación inmediata a Estados Unidos «por traidores a la patria».
Inhabilitados
Esa resolución, leída por el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh, también ordenó inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública y cargos de elección popular y les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida.
El grupo de religiosos y laicos, junto con el obispo Rolando Álvarez, a quien no se le incluyó en la lista de excarcelados y expulsados, fue detenido la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de permanecer 15 días confinados, y desde entonces se hallaban en la cárcel policial El Chipote, oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo, que se encuentra bajo «resguardo domiciliar».
Álvarez, de 56 años de edad y muy crítico con el gobierno de Daniel Ortega, enfrentará el juicio para responder por los mismos delitos que los sacerdotes el próximo 15 de febrero.
Una fuente política dijo a Efe que el jerarca, quien ha sido presentado sin su vestimenta religiosa en las audiencias y es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, no aceptó ser expulsado de su país.
El presidente Ortega tildó de «terroristas» a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años y medio.