Eran más de 1 millón de personas y todos buscaban lo mismo: mejoras sociales en Chile. Algunos ondeaban la bandera nacional. Otros hacían sonar silbatos.
Miles mostraban carteles y también había quien golpeara ollas y sartenes para hacer sonar su sentir. En lo que fueron horas de un virtual carnaval, se vio a algunos con disfraces del dibujo animado Picachú y de un tiranosaurio Rex.
De norte a sur, las protestan pacíficas hacían eco entre sí en el octavo día de marchas contra el gobierno de Sebastián Piñera, en lasque han muerto al menos 19 personas.
La concentración en la plaza principal de Santiago fue inédita. Al finalizar la manifestación, la gobernadora Karla Rubilar calculó que acudieron más de 1,2 millones de personas. “Aquí está marchando todo Chile, son diferentes dolores, con diferentes tristezas, pero con mucha esperanza”, declaró.
En la capital chilena se observaron adultos mayores, jóvenes, padres con sus hijos, estudiantes, profesionales y obreros que empezaron a retirarse cuando cayó la noche, momentos en que pequeños grupos trataron de acercarse al palacio de gobierno y fueron rechazados con bombas lacrimógenas y chorros de agua.
Encapuchados levantaron barricadas encendidas aproximadamente a dos cuadras del corazón de la manifestación, apedrearon ventanas y a la policía antimotines, que empezó a usar balines de goma para disuadirlos.
El regreso a casa era difícil porque el subterráneo fue destruido parcialmente tras el estallido de violentas protestas que siguieron a las manifestaciones de estudiantes que rechazaron un alza tarifaria en el Metro. Tampoco había transporte público en una ciudad en estado de emergencia, al igual que la mayor parte del país.
El toque de queda en esta urbe de 7 millones de personas fue retrasado en una hora, a las 11:00 de la noche. En ciudades del interior también fue retrasado.
Los manifestantes expresan demandas de mejores salarios, jubilaciones y educación, expresadas por una masa sin voceros ni organización aparente.
La analista Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, dijo a The Associated Press que la magnitud es inédita, nunca vista durante la dictadura del general Augusto Pinochet, 1973-1990, ni desde el restablecimiento de la democracia.
Más temprano, en Valparaíso fue evacuado el Congreso chileno, por primera vez desde que se reabrió en 1990 tras el fin de la sangrienta dictadura que dejó más de 40.000 víctimas, incluidos 3.069 asesinados.
La evacuación ocurrió luego de que centenares de manifestantes intentaron pasar el perímetro de seguridad, por lo que fueron reprimidos, mientras encapuchados apedrearon a policías y levantaron barricadas.
La víspera, el Congreso aprobó un proyecto de ley que rebaja las tarifas eléctricas y fue enviado por Piñera, que firmó el viernes una iniciativa para mejorar levemente las pensiones de los más pobres. No obstante, ests medidas no han logrado frenar las protestas.
En Valparaíso se reunieron casi 100.000 personas.
Analistas consideran que el panorama podría complicarse aún más. “Después de lo que hoy vimos en las calles de Santiago, es difícil imaginar una salida que no involucre la renuncia de Piñera y nuevas elecciones”, dijo la AP la académica Jenny Pribble, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond, en Estados Unidos.
Un paro de camioneros y de medio centenar de rutas del transporte público complicaba la situación en la periferia sur de Santiago.
Los camiones circularon lentamente por la ruta que une el país, de 4.300 kilómetros de largo y en promedio 180 de ancho, en una protesta a la que se sumaron automovilistas y motociclistas que ondeaban la bandera nacional y letreros que decían “No+TAG”, peaje que se paga en autopistas y carreteras construidas por el sector privado.
En las autopistas de la capital chilena, los automovilistas pagan en promedio entre 35 y 130 dólares mensuales, dependiendo del uso. Los camiones cancelan valores muy superiores por sus largos trayectos.
El subterráneo movía a 2,4 millones de personas a diario en sus 6 líneas. El viernes solo funcionaba 39% de sus estaciones. Las autoridades calculan que volverá a estar totalmente operativo en casi un año.
En la ciudad, cerca de 4.000 autobuses reforzaron el transporte después del estallido social que siguió a las protestas de los estudiantes por el alza en las tarifas del Metro que derivaron en saqueos e incendios de supermercados, farmacias, grandes tiendas y pequeños comercios, seguidos de multitudinarias manifestaciones en todo el país, que tiene a 12 de sus 16 regiones en estado de emergencia y con toque de queda.
La agenda social anunciada a mitad de semana por Piñera incluye un aumento del 20% en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos, que en Chile figuran entre los más altos de la región, y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que reciben hasta 14.000 dólares mensuales.
El mandatario firmó un proyecto que dispone un alza de 30 dólares en las pensiones de los más desposeídos que promedian los 150 dólares y que favorecerá a cerca de 600.000 personas. Los adultos mayores en Chile superan los 2 millones de los 18 millones de habitantes.
La mayoría de los chilenos gana de 400.000 a 500.000 pesos, entre 562 y 762 dólares, que no cubren las necesidades básicas.
La directora de Latinobarómetro, dijo a la AP que “esta crisis se soluciona con política, no con una lista de supermercado de políticas sociales”. Añadió que “los fondos no están, por eso no se puede hacer sino que política, aquí tiene que haber un liderazgo que entregue una agenda distinta, con caras distintas, que sean creíbles… y que sean capaces de interpretar y conducir a la población”.
Muchas de las manifestaciones han sido fuertemente reprimidas y aumentan las denuncias de abusos de la policía.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la ex presidente chilena Michelle Bachelet, anunció la víspera que enviará una comisión para examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos después de que Piñera la invitó a visitar el país. Sus representantes son esperados el lunes en Santiago.
Amnistía Internacional anunció el envío de un equipo para documentar “las graves violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado”, según Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa organización.
