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National Geographic

La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó este miércoles el proceso para discutir el acuerdo que busca aumentar la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos y evitar un default, pacto que se logró tras maratónicas negociaciones entre el presidente Joe Biden y los republicanos.

El Congreso tiene algunos días de margen antes de que la caja del país empiece a flaquear, lo que sucederá a partir del 5 de junio, según la estimación de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Los términos del pacto logrado entre Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, todavía requieren el visto bueno de los legisladores de la Cámara y el Senado, donde algunos son feroces opositores de la iniciativa.

El riesgo es un default para EE UU

Estados Unidos se arriesga a un default o cese de pagos de sus obligaciones, algo inédito que puede tener consecuencias catastróficas para la economía.

El Comité de Reglas de la Cámara Baja dio el martes un primer indicio de la tendencia que se espera en la votación del proyecto, siete votos contra seis, con dos republicanos y cuatro demócratas en contra.

Ahora corresponde a los parlamentarios de la Cámara de Representantes -de mayoría republicana- pronunciarse antes de que lo haga el Senado -de mayoría demócrata.

El jefe del campo republicano en la cámara, Kevin McCarthy, reconoció que no logrará unanimidad. Pero se mostró optimista de alcanzar los «mayores» recortes presupuestales de la historia, según dijo a periodistas.

Demócratas y republicanos por una misma causa

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Los acuerdos entre demócratas y republicanos favorecerán a la nación norteamericana | Foto: House.gov

McCarthy aún tiene por delante una dura tarea: convencer a la mayoría republicana de adoptar la nueva ley para que no parezca que depende de los representantes demócratas.

Los líderes demócratas, a pesar de los recortes al presupuesto del gobierno, se comprometieron a aportar los votos que faltarían.

Los demócratas de la Cámara votarán para que «el país no entre en default. Punto», declaró su jefe, Hakeem Jeffries.

Biden, que visita Colorado el miércoles por la noche, deseó que el texto pase la primera votación antes de su llegada a ese estado del oeste. El martes había invitado «firmemente» a los legisladores a que lo conviertan en ley.

«Sigamos avanzando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y construyamos la economía más poderosa de la historia de la humanidad», dijo el presidente en Twitter.

Las diferencias entre ambos partidos

Nancy Mace, legisladora republicana por el estado de Carolina del Sur, afirmó el martes en Twitter que no votará a favor del texto.

«Este ‘acuerdo’ formaliza el nivel récord esperado de gastos federales durante la pandemia y lo convierte en la base de referencia del gasto futuro», criticó Mace.

Chip Roy, parlamentario de Texas perteneciente al ala republicana que apoya al expresidente Donald Trump, dijo que es un mal acuerdo por el que «ningún republicano debería votar».

«Vamos a continuar la lucha hoy y mañana, sin importar lo que pase», aseguró Roy.

Del lado demócrata, algunos también muestran su escepticismo. El legislador Ro Khanna, de California, afirmó que varios de sus colegas se oponen a los recortes del presupuesto y «no saben aún» cómo van a votar.

Algunos demócratas rechazan apoyar un texto impuesto por los republicanos.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

El proyecto de ley suspende el techo de deuda hasta 2025, lo suficiente para atravesar las próximas elecciones presidenciales de 2024 sin que se repita la pulseada.

A cambio, se limitan algunos gastos con el fin de mantenerlos estables -excepto los gastos militares- en 2024 y limita su aumento a un 1% para 2025.

También prevé una reducción de 10.000 millones de dólares en los fondos asignados al fisco para modernizar e intensificar controles.

La oficina de McCarthy explicó que el acuerdo prevé la recuperación de «miles de millones de dólares de fondos para el covid que no se gastaron» en la pandemia, sin dar más precisiones.

Uno de los puntos de discordia incluye las modificaciones a las condiciones para beneficiarse de algunas ayudas sociales, como el aumento de la edad de trabajo de 49 a 54 años para adultos sin hijos que aspiren a una ayuda alimentaria, pero elimina este requisito para veteranos de guerra e indigentes.


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