bebés robados
María José Pico Robles, que busca el rastro de su hermana desaparecida, sostiene una fotografía antigua de sus padres mientras posa en el panteón del cementerio de Alicante, el 19 de agosto de 2022. Casi cinco décadas después de la muerte de Francisco Franco, España los legisladores votaron a través de una ley emblemática el 5 de octubre de 2022 que busca honrar a las víctimas de la guerra civil de 1936-1939 y la dictadura posterior. Foto:José Jordan / AFP

La exhumación de los restos que debían ser los de su melliza fallecida acabó con las dudas. Sus ADN no correspondían y María José Picó comprendió entonces que su hermana, a la que continúa buscando, es uno de los numerosos «bebés robados» durante la dictadura de Francisco Franco en España.

«Era aquí», afirma esta auxiliar sanitaria de 60 años de edad, con los ojos llorosos y la voz entrecortada, señalando la fosa común del cementerio de Alicante (sureste), donde su hermana fue oficialmente enterrada.

«Mi hermana melliza falleció a los dos días de nacer, según le dijeron a mi madre en el hospital», explica María José a la AFP. Pero «nunca dejaron ver ni el cadáver de ella, ni la dejaron llevar a enterrar a Elche, que es la ciudad de donde somos», recuerda sobre lo ocurrido en 1962.

Hace unos diez años, cuando los primeros casos de «bebés robados» saltaron a los medios, María José y sus padres advirtieron enseguida que estas historias tenían muchos puntos en común con la suya.

La familia comenzó entonces a revisar unos documentos llenos de irregularidades antes de recurrir a la justicia, que ordenó la exhumación en 2013.

Desde entonces, esta sexagenaria, que preside una asociación dedicada a los bebés robados, no ha dejado de buscar. Su ADN está en varios bancos genéticos, con la ilusión de que su hermana haya tenido las mismas dudas y pueda buscarla.

«Esperanza de que la justicia haga algo por nosotros no tenemos ninguna, es el trabajo propio y sobre todo el ADN, que es nuestra esperanza», explica reiterando su anhelo de recibir un día una llamada de un laboratorio.

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Gema Armero posa en el cementerio de Alicante, donde está enterrada su hermana, el 19 de agosto de 2022. Foto: José Jordan / AFP

Bebés robados del franquismo

Aprobada definitivamente el miércoles por el Senado, esta ley clave para el gobierno de izquierdas reconoce por primera vez como víctimas del franquismo a los bebés arrebatados a sus familias durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).

En la represión que siguió al conflicto, este robo institucionalizado pretendía inicialmente separar a los bebés de sus madres republicanas, acusadas de haberles transmitido el gen del marxismo.

A partir de los años 1950, sin embargo, comenzó a extenderse a niños nacidos fuera del matrimonio o en familias pobres o numerosas.

Gracias, en general, a la complicidad de la Iglesia católica, estos bebés eran declarados muertos después de nacer, sin apenas pruebas para sus padres, antes de ser entregados a parejas que no podían tener hijos, en su mayoría cercanas al régimen nacional-católico de Franco.

Tras la muerte del dictador en 1975, el tráfico se mantuvo por razones principalmente económicas hasta la creación en 1987 de una ley que reforzaba el control de la adopción.

Los robos de bebés también se produjeron durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) o el régimen militar en Argentina (1976-1983), donde la organización de las Abuelas de la Plaza de Mayo estima que unos 400 niños nacieron en cautividad y fueron entregados ilegalmente.

En España no hay ninguna valoración oficial, aunque las asociaciones de víctimas cifran estos «bebés robados» en varios miles.

Según una estimación realizada por la justicia española en 2008, más de 30.000 hijos de republicanos fallecidos o encarcelados durante la Guerra Civil, algunos de los cuales pudieron ser robados, pasaron a estar tutelados por el Estado franquista entre 1944 y 1954.

Presidenta de la asociación «Todos los niños robados son también mis niños» Soledad Luque Delgado, comisionada de la exposición «Duerma en ti» y profesora de literatura hispana en el Queensborough Community College en Nueva York Aranzazu Borrachero Mendivil posa para fotografías frente al Congreso en Madrid, el 4 de agosto de 2022. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Vendido por 750 euros

La Justicia registró 2.136 denuncias entre 2011 y 2019, pero ninguna prosperó, principalmente debido a que los hechos habían prescrito.

A pesar de las dificultades judiciales, algunos españoles sí que han conseguido encontrar las huellas de sus familiares, como le ocurrió a Mario Vidal.

«Mi padre adoptivo me dijo que ellos habían pagado 125.000 pesetas (750 euros) por mí», explica este arquitecto técnico de 57 años que vive en Denia (sureste), y que comenzó en 2011 a buscar a sus padres biológicos.

Tras investigar durante tres años en los archivos de la región de Madrid, donde nació, consiguió saber quién era su madre, pero ya era demasiado tarde: había fallecido 16 años antes.

«Ese día fue uno de los más duros que he pasado en mi vida», confiesa sobre las «sensaciones contradictorias» que experimentó al ir a buscarla y descubrir lo sucedido.

Miembro de una familia muy conservadora, su madre biológica lo tuvo con 23 años y sin estar casada. A pesar de que un documento oficial decía que lo abandonó, ella intentó sacarlo del orfanato en varias ocasiones, según le contó un allegado, pero no solo se le impidieron, sino que también llegó a ser detenida por ello.

Mario consiguió encontrar también a su hermanastro, que falleció tres años después, pero sigue sin saber quién es su padre biológico.

«Somos hijos de una época en la que quien tenía el poder lo ejercía conforme a la que le daba la gana», resume.

Mario Vidal sostiene la foto de su hermano robado, a quien encontró con vida, en su casa durante una entrevista con la AFP en Alicante el 19 de agosto de 2022. Foto: José Jordan / AFP

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