La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el embargo de Canal 12 y denunció que el régimen de Nicaragua se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir y silenciar a medios independientes conocidos por su periodismo crítico.
El 11 de septiembre por solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI) fueron decomisados los bienes de Nicavisión Canal 12 en Managua y de su propietario, Mariano Valle. En un comunicado, el medio denunció que se trata de una maniobra «arbitraria e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos a la Renta» entre 2011 y 2013.
Bajo la justificación de que la televisora debe 21 millones de córdobas (unos 608.000 dólares) la DGI confiscó las antenas de la televisora, equipos de trasmisión, vehículos, las bancarias del canal y registró la residencia de Valle.
La SIP condenó
El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron su condena «por esta nueva acción contra un medio de comunicación de parte de un régimen que sigue demostrando que no tiene el menor respeto por la prensa independiente».
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, dijeron que «este patrón de conducta para reprimir y silenciar a los medios no es nuevo», en referencia a la confiscación en diciembre de 2018 de las sedes y equipos de medios de Confidencial, de los programas Esta Noche y Esta Semana y 100% Noticias. El gobierno todavía no ha devuelto los equipos y edificios a los propietarios.
Las autoridades de la SIP repudiaron «el uso de la política fiscal como método de censura indirecta, acciones contrarias a principios internacionales de libertad de prensa como consta en la Declaración de Chapultepec y en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos».
Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro la DGI facturó una deuda de 110 millones de córdobas (unos 3,2 millones de dólares) a Canal 10; mientras tanto, la DGI y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social exigen a 100% Noticias el pago de ocho millones de córdobas (unos 231.236 dólares) deuda fiscal acumulada durante el período en el que el medio está confiscado, desde 2018 a la fecha.