Periodista
Pixabay- Periodistas hablaron sobre la situación de muchos medios dentro de Venezuela.

El periodista Felipe Soto recibió una condena penal por difamación en Chile, que fue calificada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como una amenaza contra la democracia y pidió la despenalización inmediata de las demandas contra la prensa.

El presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Michael Greenspon, dijo que esa acción pone en riesgo la democracia de Chile, al tiempo que advirtió que deben impulsar parte de la filosofía de este organismo en relación con las demandas contra la prensa por injuria y calumnia.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, indicó que mientras se mantenga la sanción de cárcel por este delito, se corre el riesgo de limitar la cobertura informativa de medios y periodistas sobre asuntos de interés públicos.

Jornet señaló que políticos, figuras y funcionarios también han abogado para frenar la divulgación de información incómoda.

Apelará el fallo

El director del periódico digital Resumen, apelará el fallo. La condena establecida por el tribunal de Garantía de Concepción, en el centro sur del país, por el delito de injurias graves fue de 61 días de reclusión. La pena puede ser intercambiada por libertad condicional por un año y al pago de una multa de 680.000 pesos.

El observatorio del Derecho a la Comunicación reflejó el aumento de querellas, contabilizando que en 2015 se registraron menos de 1.000 en comparación con 2020, que superó la demanda con 2.000 casos.

Las autoridades de la SIP mencionaron lo establecido en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordando que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público; la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.


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