Las violaciones contra las libertades de prensa y expresión en Perú se agravaron durante el último semestre, puesto que «a las usuales agresiones del Poder Ejecutivo y Legislativo se sumaron las de la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y los gobiernos regionales», denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
«El quiebre del Estado de derecho dejó a la prensa más indefensa. Diversos analistas y exfuncionarios señalaron que la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional no son garantía de la libertad de expresión. El gobierno de Dina Boluarte intentó sin éxito limitar a los medios privados mediante la criminalización de la cobertura sobre protestas sociales», indicó la SIP en un informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la asamblea que se lleva a cabo en México.
El reporte también asegura que la Fiscalía de la Nación (general) «se ha convertido en un nuevo frente de agresión contra el periodismo».
«Al amedrentamiento para obtener las fuentes de periodistas de investigación, se sumó la negativa a acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre pedidos de información relacionados con la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides», detalló.
También denunció que el Poder Ejecutivo «fue influenciando la línea editorial de los medios públicos» censurando voces críticas «y a más de una decena de periodistas que fueron despedidos».
Violaciones de la libertad de prensa
La presidenta Boluarte, siempre según el informe, nombró a Ninoska Chandía como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), productora de las señales del Estado de TV Perú y Radio Nacional, «a pesar de que antes había dirigido el departamento de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la República».
Recordó que «miembros de la Policía Nacional continúan agrediendo periodistas y limitando su trabajo, especialmente durante protestas y conflictos sociales».
«No existe una política para procesar a oficiales agresores. Tampoco existe una política para investigar y procesar a grupos extremistas que hostigan y atacan a la prensa», señaló.
Hizo hincapié en que «desde las instituciones del Estado se incrementaron las exigencias a periodistas y medios de comunicación para revelar fuentes anónimas».
«En el Congreso existe una alianza entre facciones de extrema izquierda y de derecha para legislar en contra del periodismo. El Poder Ejecutivo se sumó sin éxito a esos intentos», indica el informe.
Recordó que «el gobierno presentó al Congreso un pedido de facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, en particular sobre la criminalización de discursos, censura, patrullaje virtual y bloqueo de páginas web. Se buscaba modificar el Código Penal para ‘sancionar a los instigadores del delito de disturbio’ en el marco de protestas».
«Se consideraba potenciales instigadores a funcionarios públicos o comunicadores que convocaran marchas o protestas o a ciudadanos que lo hicieran a través de las redes sociales, con lo cual se criminalizaba el derecho a la protesta y a informar al respecto», destacó.
Finalmente, «el Congreso retiró del pedido de facultades legislativas sobre el delito de disturbios aplicado a comunicadores o ciudadanos y estableció un ‘candado’ que prohíbe limitar derechos fundamentales».