Argentina atraviesa la primera ola de calor del año, con temperaturas que alcanzan los 35 grados centígrados, y que este año generó un pico histórico de demanda de energía que como todos los veranos derivó en cortes de luz debido principalmente a las dificultades para invertir y mantener la calidad del servicio provocado por el congelamiento tarifario.
El calor sofocante eleva la demanda de energía para refrigeración, lo que motivó que en la tarde del martes a las 2:40 pm, se alcanzara el récord histórico de demanda de potencia de energía eléctrica, 26.398,47 megavatios, según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Se pasó el récord anterior, de febrero de 2018. «Esta vez explicado también por las particularidades de la pandemia. El sistema lo soporta bien porque, entre otras cosas, hubo una buena expansión de la potencia instalada entre 2016-2019», tuiteó Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Mosconi.
Más de 30.000 usuarios sin luz
Pese a que la capacidad de generar energía pudo haber soportado el pico de demanda, no así la distribución de energía, principalmente en la zona metropolitana de Buenos Aires, la más populosa del país y el área más comprometida en la calidad del servicio de las eléctricas.
Dos horas más tarde del pico de demanda, 49.137 usuarios sufrieron un corte de luz el lunes y si bien el sistema se fue regularizando, unos 30.000 usuarios todavía seguían sin servicio además de sufrir el calor sofocante.
«Cortes hay y es un problema a nivel distribución seguramente (de la empresa que presta el servicio)», explicó Rojo, debido a fallas en el sistema «por el bajo nivel de mantenimiento, obras no realizadas, saturación de capacidad de distribución», entre otros factores.
Los cortes se repiten todos los veranos porque las empresas no pueden financiarse con las tarifas que cobran a los consumidores.
Tarifas sin actualizar
El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había encarado una readecuación tarifaria, después de heredar un esquema de tarifas congeladas que derivó en costosos subsidios del Estado. Pero desde marzo de 2019, un año electoral, tomó la decisión de parar los aumentos. Luego asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, quien mantiene las tarifas congeladas desde febrero de 2020, a pesar de la alta inflación.
De hecho, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica había advertido este mes en un comunicado que «las tarifas de los servicios públicos que rigen actualmente en el país son las más económicas de la región, comparadas por ejemplo con Uruguay, Brasil o Chile».
Y que el «congelamiento se produce en un contexto con una inflación acumulada de 80%», lo que «impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación».
Pese a esta situación, las distribuidoras avisaron que «no deben esperarse mayores cortes que los que resultan habituales en los días de altas temperaturas» porque han tomado deuda y postergado obligaciones para realizar obras de mantenimiento de las redes.
Las empresas eléctricas Edenor y Edesur informaron el lunes que durante el pico histórico de demanda mantuvieron el suministro de energía a 99,92% y 99%, respectivamente, de sus clientes.
Posibles aumentos en Argentina
Por lo pronto, el gobierno de Alberto Fernández dio el primer paso para aumentar las tarifas de la electricidad cuando el jueves pasado convocó a las concesionarias a una adecuación tarifaria transitoria de los servicios de transporte y distribución eléctrico.
Además, lanzó un plan de pagos para que las distribuidoras regularicen la deuda por 1.611 millones de dólares que tomaron con Cammesa, al pagar parcialmente los cargos por energía y potencia debido al congelamiento de tarifas y la prohibición de cortar el servicio durante la pandemia de covid-19.
Otra consecuencia de la falta de actualización de las tarifas de servicios públicos es que abarata el costo de la energía y provoca derroche, cuando el mundo debate políticas para combatir el cambio climático.
De hecho, la provincia de Río Negro sufre un incendio forestal sin control, que afecta 6.500 hectáreas y que necesitó, según fuentes de la provincia, un despliegue de 95 brigadistas, dos helicópteros y dos aviones hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.