La periodista y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro fue condenada este lunes por un tribunal a ocho años de prisión, tras ser hallada culpable por delitos que le atribuye el gobierno de Daniel Ortega.
Chamorro, de 68 años de edad, continuará bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio, informó el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que sigue los procesos contra opositores detenidos.
Su condena es por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida. Las autoridades no han dado detalles de las condenas.
Según la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una ONG que lleva el nombre de la expresidenta de Nicaragua (1990-1997) y madre de Cristiana, dedicada a promover la libertad de prensa y expresión
Los otros condenados
Este lunes también fue condenado por el mismo caso de la Fundación, Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana. Recibió 9 años de condena y permanecerá recluido en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía conocida como El Chipote.
Dos empleados de la fundación, inoperativa desde el año pasado, y el chofer de Cristiana también recibieron condenas de hasta 13 años.
A Cristiana y a los tres funcionarios «les fueron impuestas multas millonarias» que son «imposibles de pagar, y si se llegarán a conmutar equivaldría a prisión perpetua», dijo el Cenidh.
Chamorro ya había rechazado los cargos. Aseguró que el caso en su contra fue armado por haber intentado «servir a los nicaragüenses» como candidata a la presidencia en las elecciones de noviembre pasado.
Ella fue detenida el 2 de junio, días después de haber anunciado su intención de inscribirse como precandidata a la presidencia de la derechista alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL).
Era una de las favoritas para competir contra la reelección de Ortega, un exguerrillero de 76 años de edad que gobierna desde el 2007 y que en noviembre obtuvo un cuarto mandato consecutivo.
Cristiana Chamorro fue a una de los siete aspirantes a la presidencia detenidos junto a otros 39 opositores el año pasado bajo cargos, en su mayoría, de atentar contra «la integridad nacional».
Los opositores han sido juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La oposición y la comunidad internacional consideran que las detenciones tuvieron motivaciones políticas y buscaron asegurar la continuidad de Ortega en el poder.