A medida de que se registraron los primeros casos de covid-19 en los diversos países de América Latina y los gobiernos empezaron a implementar cuarentena, la comunidad de migrantes venezolanos ha sido la más afectada, no solo por las dificultades para trabajar, sino también por los desalojos de los que han sido víctima.
Un estudio denominado Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, señaló que la mayoría de los venezolanos en la región han enfrentado desalojos o riesgos de expulsión de sus viviendas por no poder pagar los alquileres debido a la pandemia, reseñó el diario La Opinión
«Una gran proporción de venezolanos en Latinoamérica están en riesgo de desalojo o ya han sido desalojados de sus hogares, principalmente por la imposibilidad de pago de las viviendas y los servicios públicos», reseñó el informe.
39,8% de los entrevistados fue desalojado de sus hogares, mientras que 38% estaban en riesgo de ser expulsados forzosamente de sus viviendas.
El informe contó con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sus conclusiones se basaron en 1.800 entrevistas entre octubre y noviembre de 2020 a migrantes y refugiados venezolanos que viven en Colombia, Perú, Guyana, Ecuador, Panamá y República Dominicana.
«A toda esta situación compleja hay que sumarle la situación particular de la pandemia. La pandemia tiene un impacto enorme», lamentó Julissa Mantilla, comisionada y relatora sobre los derechos de las personas migrante CIDH, durante la conferencia virtual para presentar el documento.
«La comisión interamericana reconoce que hay violaciones de derechos humanos en la causa de la migración forzada y en la situación de refugiados durante el trayecto en los diferentes países de tránsito y al llegar al país de destino», agregó Mantilla.
El documento advierte, además, que los desalojos también se producen por la discriminación hacia la comunidad venezolana. Señala que situación se agrava para los migrantes en situación irregular y para las mujeres porque tienen mayor probabilidad de sufrir violencia y amenazas.