El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, anunció este viernes que firmó una providencia con la que solicita formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, prófugo de la Justicia en Bélgica y condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho.
El juez, que dijo haber firmado el documento en la víspera, lo reveló en una entrevista con el canal de televisión local Teleamazonas, el mismo día que se conoció que Bélgica otorgó asilo político con estatus de refugiado a Correa, quien niega las acusaciones y aduce ser objeto de una persecución política.
Correa fue condenado por cohecho e inhabilitación política de 25 años en el caso «Sobornos 2012-2016», una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht.
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En ese mismo caso de corrupción fueron condenados una veintena de personas, entre exaltos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus.
Correa, que gobernó Ecuador de 2007 a 2017, se instaló en Bélgica poco después de concluir su mandato y no ha regresado al país desde inicios de 2018, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación contra él y en dos de ellos se emitieron órdenes de arresto preventivo.
En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas de Bélgica confirmó que otorgaba a Correa el estatus de refugiado en ese país, de donde es oriunda su esposa, Ann Malherbede.
El abogado de Correa, Christophe Marchand, explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda».
Correa ya había sido requerido en 2018 por la justicia ecuatoriana, entonces por el secuestro en Colombia del opositor político Fernando Balda.
En aquella ocasión, la Interpol rechazó la solicitud de arresto con fines de extradición desde Bélgica al considerar que «la retención de los datos no era compatible con su obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales en el marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Sin embargo, en relación con el proceso del plagio del activista político, el exjefe de la inteligencia ecuatoriana Pablo Romero sí fue aprehendido por las autoridades españolas tras ser ubicado por Interpol, y extraditado a Ecuador en 2020, donde fue condenado a nueve años de cárcel por el delito de secuestro.