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Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, anunciaron que pedirán aclaraciones al Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde, después de que la semana pasada respaldara la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos.

«La batalla legal aún no ha terminado. Esta tarde presentaremos una solicitud ante el Tribunal Constitucional para la revisión de su decisión«, afirmó en una rueda de prensa virtual el letrado nigeriano Femi Falana.

Falana señaló que la sentencia no se sostiene porque incluye áreas que no están claras y que son contradictorias.

«Tenemos la oportunidad, según la ley de Cabo Verde, de volver a la corte y pedir una aclaración. Y estamos aprovechando eso», insistió el abogado, quien repitió el argumento de la defensa de que el proceso tiene motivaciones políticas.

El equipo legal de Alex Saab, detenido en ese país insular de África occidental desde que hizo escala allí hace más de un año a petición de Estados Unidos, país que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero;  cree que el TC debe tener en cuenta que era un agente del Gobierno de Venezuela en tránsito y tenía derecho a la inmunidad diplomática.

«Es sorprendente que no haya un reconocimiento de su inmunidad diplomática», dijo la abogada portuguesa Vania Ramos en la misma rueda de prensa.

También intervino el exjuez español Baltazar Garzón, quien recalcó que el fallo de TC es una resolución política más que jurídica que representa una barbaridad legal.

Detención a través de Interpol

El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

«Las incidencias referidas a la orden de detención y su curso a través de Interpol sencillamente no han querido valorarse (por el TC). Hay elementos más que suficientes para demostrar que hubo artimañas y hubo trampas«, arguyó Garzón.

«Los argumentos, con todo respeto al TC, que se expresan en esa sentencia no son acordes con el derecho internacional, los tratados ni el derecho internacional de los derechos humanos. Ni siquiera están de acuerdo con los propios argumentos, normas del Estado de Cabo Verde», indicó el exjuez español.

El pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, bloque de países al que pertenece Cabo Verde, falló contra la extradición de Alex Saab. Seguidamente, ordenó su liberación inmediata, un veredicto que, según Garzón, el TC debería considerar como vinculante pues Cabo Verde participó en ese juicio y aceptó la jurisdicción de esa corte.

«Esta decisión del TC no es una decisión definitiva, sólo se rechazan las cuestiones de inconstitucionalidad. Todavía queda el pronunciamiento de fondo ante organismos internacionales», zanjó el exmagistrado.

Además, enfatizó, es importante resaltar que hay unas medidas cautelarísimas pendientes de que Cabo Verde conteste al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La extradición no seguirá adelante hasta que no se pronuncie el Comité.

El pasado junio, ese Comité pidió a cabo Verde que se abstenga de extraditar a Saab a Estados Unidos mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso.

Recurso improcedente

En un veredicto el pasado día 7, el TC juzgó improcedente el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto del empresario. El recurso lo introdujeron para intentar frenar su extradición.

La corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia. Ambos ya autorizaron en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro a Estados Unidos.

Asimismo, la alta corte avaló la posición del Gobierno caboverdiano, que ya en 2020 dio su aprobación a la extradición.

Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega a Estados Unidos resultaron infructuosos ante la Justicia caboverdiana.

El nombre del empresario, de 49 años de edad, apareció en los medios cuando la exfiscal Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas. Entre ellas está Group Grand Limited, acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.

Las autoridades estadounidenses afirman que el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con cientos de millones de dólares.


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