La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al Estado mexicano a investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en una estación del gobierno en Ciudad Juárez hace un mes, así como reparar adecuadamente los daños a las víctimas.
“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, dijo el organismo en un comunicado.
La Comisión condenó los fallecimientos, pero reconoció las acciones del Estado tras la tragedia, como la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional, la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias, el inicio de las investigaciones y la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los migrantes.
Sin embargo, pidió a México aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos.
#México: Un mes del incendio en estancia migratoria, #CIDH urge establecer responsabilidades y asegurar la no-repetición.#DerechosHumanos 👉🏽 https://t.co/kfOaJVKUyg pic.twitter.com/bnrs6NstK6
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 1, 2023
Migrantes tienen derecho a conocer la verdad
Recordó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Lo que implica esclarecer, investigar y procesar a los responsables “y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”.
Dijo también que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.
Lo anterior incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.
La CIDH remarcó que el Estado debe ser garante de derechos frente a las personas bajo custodia.
Recordó que, según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, “el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo”.