La líder opositora peruana Keiko Fujimori puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión en el proceso que se le seguirá por presuntos delitos de corrupción durante sus campañas electorales, que incluyen supuestos aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.
Este fue el fundamento que utilizó el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez al presentar un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori, quien pasó 13 meses en la cárcel hasta hace dos semanas por este caso.
En el documento fiscal, publicado por El Comercio, Pérez indicó que Fujimori tendrá cargos por los delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.
Tras agregar que existen hasta 140 nuevos elementos que confirman y fortalecen la investigación, el fiscal remarcó que al sumar las posibles condenas por esos delitos «la pena concreta aplicable ascendería a 24 años con 10 meses de pena privativa de la libertad».
La acción de la justicia
Keiko Fujimori afrontará el nuevo pedido de prisión preventiva el próximo 26 de diciembre en una audiencia judicial que fue considerada «inaplazable» por el juez Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
La decisión judicial se anunció después de que el fiscal Pérez ampliara esta investigación para sumar al delito de lavado de activos, la presunta comisión de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal.
Entre los nuevos elementos figuran el testimonio del empresario Jorge Yoshiyama, quien afirma que Fujimori sí sabía sobre los aportes de Odebrecht; y las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero y Vito Rodríguez, quienes señalaron que le entregaron 3,65 millones de dólares y 200.000 dólares en efectivo, respectivamente, que no fueron declarados.
El ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, también dijo que Fujimori coordinó con el ex magistrado César Hinostroza y con el fiscal Pedro Chávarry, acusados de presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura.
Además, el empresario Antonio Camayo declaró a los fiscales que la líder opositora sí es la «señora K» que mencionó en un audio grabado por la policía cuando coordinaba por teléfono una reunión en su casa entre Fujimori y el entonces juez Hinostroza.
El rechazo de la defensa
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, rechazó la nueva solicitud fiscal de prisión preventiva. La consideró un «intento más que desesperado» para que su defendida vuelva a la cárcel.
«Es un intento más que desesperado del Ministerio Público de querer mantener en prisión injustamente y de manera desproporcionada a la señora Fujimori», dijo.
La abogada aseguró que no existen nuevas pruebas que justifiquen el pedido. Considera que este debería ser rechazado por la justicia porque los últimos testimonios y evidencias de la Fiscalía son «más de lo mismo».
«No hay elemento de convicción alguno que valide que ella pueda volver a prisión. De hecho, acaba de salir (de la cárcel), ha estado 13 meses privada de su libertad», recordó Loza; esto, en alusión a la orden del Tribunal Constitucional que permitió que Fujimori fuera liberada el pasado 29 de noviembre.
Fin de las investigaciones
Además del pedido de una nueva orden de prisión preventiva, la Fiscalía considera que las investigaciones contra Fujimori se están «acercando a la finalización» y pronto podrá presentar una acusación formal para que se inicie el juicio oral de este caso.
El fiscal Rafael Vela, jefe del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, indicó que los ex ejecutivos de Odebrecht precisaron declaraciones anteriores y respondieron a preguntas de la defensa.
«Asumimos que estamos avanzando rápidamente, notablemente dentro de la investigación correspondiente», afirmó Vela. Destacó que las preguntas de la defensa son necesarias para que «no se diga que no tuvieron la oportunidad de poderlo hacer cuando eventualmente se cierre la investigación».
Entre los personajes vinculados a Odebrecht que fueron interrogados esta semana estuvo Jorge Barata. El ex apoderado de la empresa en Perú ratificó que Odebrecht hizo aportes ilícitos por un millón de dólares a la campaña de Fujimori.