El tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto colombiano anunció este jueves que 25 militares, 15 más de los imputados inicialmente, deberán responder por las ejecuciones de 247 civiles que presentaron como caídos en combate entre 2002 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga el mayor escándalo que envuelve al Ejército colombiano, conocido como el de los falsos positivos.
La primera imputación fue revelada el 6 de julio y comprometió a 10 militares que habrían matado a 120 civiles en la zona de la frontera con Venezuela entre 2007 y 2008.
📰JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por 'falsos positivos' en la Costa Caribe: dos tenientes coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa, de Valledupar.
➡️Comunicado: https://t.co/Xo623uVRbv pic.twitter.com/DqtQpbS2TI— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 15, 2021
Militares acusados
Este jueves la JEP acusó a 15 militares más por el asesinato de 127 personas en el norte del país, entre 2002 y 2005.
Este tribunal surgido del acuerdo de paz firmado en 2016 con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) les imputó «crímenes de guerra y de lesa humanidad» y «los delitos de homicidio» y «desaparición forzada», según un comunicado.
Para la JEP «los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios».
Entre los imputados se encuentran los comandantes de la época en la costa Caribe, los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía (2002-2003) y Juan Carlos Figueroa (2004- 2005).
Los imputados tendrán 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión.
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Condición de vulnerabilidad
Las víctimas eran escogidas por su «condición de vulnerabilidad» y «marginalidad». Los perpetradores «presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte», así que las engañaban «mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas», se indicó.
La JEP sostiene que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008.
Según el tribunal, «estas acciones se dieron en el marco de una alianza entre algunos miembros del Ejército y los paramilitares» de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas izquierdistas, y «el objetivo era obtener resultados a toda costa» en esa lucha.
Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, denunció una política «reiterada» que «no corresponde simplemente a manzanas podridas».
En enero la JEP imputó a 8 altos mandos de las antiguas FARC por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.