La Justicia peruana admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el presidente Pedro Castillo contra la decisión de declarar infundada la «tutela de derechos». La cual buscaba anular la investigación abierta en su contra por la Fiscalía de la Nación por presuntamente liderar una red criminal desde el Ejecutivo.
En una resolución judicial, difundida este domingo por la prensa local, el juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó la solicitud presentada por la defensa del mandatario. Esto tras determinar que el recurso cumplió con los requerimientos establecidos por la ley para ser revisado.
«El segundo tiempo de este partido está por iniciar», escribió en Twitter el abogado principal de Castillo, Benji Espinoza, tras conocer la decisión judicial.
El mandatario había presentado este recurso luego de que el pasado 23 de junio el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declarara infundada la «tutela de derechos». La cual pretendía suspender el proceso que abrió el ex fiscal general Pablo Sánchez en contra del jefe de Estado.
La defensa de Castillo argumentó que el gobernante goza de inmunidad absoluta durante su mandato. Por lo que se estarían vulnerando los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica. Esto dado que la Constitución solo permite su procesamiento, mientras ejerce el cargo, por casos de traición a la patria o impedir las elecciones.
Por eso, Espinoza anunció que acudiría a autoridades superiores, como el Tribunal Constitucional, e incluso supranacionales. Con el fin de apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal y conseguir que se anulen esas pesquisas.
Justicia peruana admitió apelación de Castillo para evitar investigaciones en su contra
Sobre la «tutela de derecho», el juez Checkley indicó que, si bien al gobernante solo lo pueden acusar por los supuestos que prevé la Constitución, «ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables».
Pablo Sánchez interrogó a Castillo, hace dos semanas, a partir de la hipótesis fiscal que plantea que es el líder de una organización criminal. Presuntamente, estaría encargada de organizar la adjudicación de obras del Estado a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
En concreto, las investigaciones hacia el mandatario se deben por presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Colaboradores de la Fiscalía señalaron que en esta presunta red corrupta está involucrado el exministro Juan Silva. También el ex secretario general de la presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes se mantienen prófugos de la justicia.
A raíz de la investigación preliminar de la Fiscalía, la comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el último jueves un informe que acusa a Castillo de encabezar esta presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
El expediente, que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, será votado en los próximos días por el pleno del Legislativo. Y, con los votos a favor de la oposición, todo apunta a que recibirá luz verde.