Un juez del condado floridano de Leon, en el noroeste del estado, desestimó este miércoles una demanda presentada por el polémico uso de fondos públicos para trasladar en septiembre de 2022 un grupo de unos 50 inmigrantes indocumentados de Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
La demanda, interpuesta por el senador estatal demócrata Jason Pizzo, sostenía que una sección del presupuesto utilizado para pagar los vuelos de septiembre pasado era inconstitucional, porque creaba un nuevo programa y cambiaba leyes, recogieron medios locales.
Los abogados del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, argumentaban que la demanda de Pizzo era «discutible» dado que la Legislatura había aprobado este mes una ley destinada a reforzar los esfuerzos para transportar migrantes a «zonas santuario» del país, recogió el Pensacola News Journal.
Vuelos con migrantes
Durante la audiencia de hoy y una vez que el abogado de Pizzo reconociera el punto citado por la defensa del estado, el juez John Cooper desestimó la demanda.
No obstante, para Pizzo, se logró en parte lo se que buscaba, ya que las leyes aprobadas este mes por la Legislatura abordaban una serie de problemas legales planteados por el demócrata.
El gobierno de DeSantis usó 615.000 dólares para pagar a Vertol Systems Company el traslado de este grupo de indocumentados desde San Antonio a Martha’s Vineyard, añadió el medio.
El pasado 16 de febrero varias organizaciones de inmigrantes expresaron su preocupación por la reciente expansión en Florida de un programa para la reubicación de indocumentados que puede dar pie a detenciones motivadas por el perfil racial en este estado y el resto del país.
La ley SB 6B, que tras su aprobación en el Legislativo floridano fue firmada por DeSantis, permite el traslado de inmigrantes que no necesariamente estén en Florida a otras partes del país, como ocurrió con el envío de ese cerca de medio centenar de indocumentados desde Texas hasta Massachusetts.
Polémica
El envío de los inmigrantes a la isla de Martha’s Vineyard por orden de DeSantis causó una viva polémica y motivó demandas judiciales e investigaciones sobre él, el secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared Perdue, y las personas que ayudaron a reclutar inmigrantes en Texas.
Cuando se conoció el envío de los inmigrantes y estalló la controversia, el gobernador defendió su decisión como una respuesta a la política migratoria del gobierno del presidente Joseph Biden, que, a su juicio, deja las fronteras de EE UU «abiertas» a extranjeros sin permiso para radicarse en el país.
También dijo DeSantis que los inmigrantes captados en Texas tras solicitar asilo político en la frontera viajaron a Martha’s Vineyard voluntariamente, pero los que abordaron el vuelo pagado por Florida dijeron ante la justicia de Massachusetts haber sido engañados.