Pensionados de Venezuela en Chile (Pensivech) piden al gobierno de Sebastián Piñera que haga cumplir los convenios internacionales de Seguridad Social suscritos con Venezuela.
Por tal razón, los Pensivech interpusieron una acción judicial para garantizar el derecho de igualdad establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de Chile. Así lo indicó Julio Azara, abogado que lleva la causa, apoyada también por Luis Zurita, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Venezolana en esa nación.
Azara señaló que la acción es un recurso de protección legal que se interpone, con el fin de tutelar y asegurar los derechos constitucionales que podrían estar amenazados o vulnerados.
«Queremos dejar claro que lo que se persigue es el restablecimiento y la protección de derechos humanos fundamentales correspondientes a personas de la tercera edad. Tienen el derecho de percibir una pensión digna luego de haber trabajo y contribuido a un sistema de seguridad social», subrayó.
Enfatizó que las personas que interpusieron la acción trabajaron y cotizaron en el sistema social de Venezuela. No obstante, optaron por retornar a Chile, su país de origen, para pasar su vejez. También hay migrantes venezolanos que por razones familiares tuvieron que radicarse en esa nación.
«Las pensiones de chilenos en Venezuela se pagan con regularidad, no así la de chilenos y venezolanos que viven en la nación austral. Eso es una vulneración de derechos humanos para las personas de la tercera edad», recalcó.
Acuerdos incumplidos
Detalló que Venezuela suscribió convenios de seguridad social bilaterales con países como Chile, Ecuador, Uruguay, España Italia y Portugal. Esos acuerdos permitieron el libre flujo de pensiones entre esas naciones y el Estado venezolano en cierta época.
Azara aclaró que la acción judicial no fue interpuesta contra el Estado venezolano sino contra el chileno, ya que debe cumplir el tratado bilateral y entenderse con el régimen de Nicolás Maduro.
«Nosotros pedimos que el Estado chileno conmine al Estado venezolano a cumplir; a su vez, el Estado chileno tiene que cumplir con su deber de resguardar los derechos de la tercera edad», resaltó.
El abogado afirmó que no buscan que se apliquen mecanismos más allá de los estipulados en los convenios o tratados internacionales. El objetivo es que exista una actuación por parte del gobierno de Chile ante esta situación de vulneración. «Es decir, los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países deben interactuar y acordar fórmulas o mecanismos«.
Puntualizó que esperan que la acción interpuesta sirva para que el Ejecutivo de Chile no solo obligue a Venezuela a cumplir el convenio, sino que mientras logra que sea así, entregue las pensiones de forma sustitutiva.
«Esa acción de Estado a Estado no debe afectar los derechos de las personas de la tercera edad, no solo por el convenio bilateral sino por otros tratados que han sido suscritos por el Estado chileno y resguardan los derechos de las personas de la tercera edad», reiteró.
Pensivech
Alejandro Bustamante, presidente de Pensivech, precisó que constituyen una comunidad que agrupa a 800 socios de un total de 1.300 registrados en el Consulado de Venezuela en Chile para 2016.
Bustamante alertó que la situación de los jubilados venezolanos en ese país es muy precaria, pues la pensión que reciben en esa nación es mísera y la de Venezuela está suspendida.
Argumentó que los directivos de Pensivech siempre están recibiendo llamadas porque hay personas que se encuentran en situación muy precaria; la mayoría mantenida por sus familiares.
«No es digno, hay profesores universitarios, ingenieros, médicos, que en Chile no están en condiciones de desarrollar una vida activa», señaló.
Aseguró que los jubilados están viviendo un drama porque no son escuchados por el Estado venezolano ni por el chileno.
«Lo que estamos pidiendo no es ayuda, sino que se nos entregue nuestro derecho. Nuestros derechos humanos han sido vulnerados de forma tan evidente y triste en esta etapa de la vida, que queremos sentar precedentes para el futuro y que esto no le suceda a ninguna persona de la tercera edad que aportó sus ingresos y ahora se encuentra viviendo en la miseria. Por ellos estamos luchando», concluyó.