Alex Saab
La ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Lélis, firmó la extradición de Alex Saab. Foto El Tiempo

La ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Tatiana Santos Lélis, fue la encargada de firmar la autorización de extradición del barranquillero Alex Saab a Estados Unidos.

Con ese paso, la funcionaria de 46 años de edad, con contactos en el Departamento de Justicia, le puso fin a la fase administrativa del proceso, que se sustentó en un concepto favorable de la Procuraduría de ese país.

Si bien tiene aún dos recursos de apelación -ante el Tribunal de Barlavento y un recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional- para la defensa de Saab es un hecho que será enviado a Estados Unidos.

Político-administrativa

Según la agencia de noticias de Portugal Lusa, para la defensa de  Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, la decisión de entregarlo a la justicia de Estados Unidos, a pesar de su estatus de agente especial de Venezuela, es político-administrativa.

“Ya esperábamos esto y ahora sigue el proceso judicial”, aseguró José Manuel Pinto Monteiro. Y confirmó que llevarán el caso a instancias internacionales.

Sin embargo, es un hecho que la batalla ante el tribunal de La Haya, para la cual se contrató al exjuez Baltasar Garzón, la tendrán que librar con Saab en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

Janine Tatiana Santos Lélis

La ministra Lélis ha mantenido bajo perfil dentro del proceso. Pero es conocida por tener mano dura.  La funcionaria fue miembro del Parlamento Africano de 2011 a 2016 y miembro nacional del Comité Especializado en Asuntos Jurídicos.

Se trata de una de las funcionarias más cercanas al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Además, fue ella la que firmó el acuerdo de cooperación judicial con Estados Unidos, en enero de 2018 y refrendado en septiembre de 2019.

Para ello viajó a Washington y se reunió con un equipo del Departamento de Justicia. Allí dejó contactos y se firmó un acuerdo de intercambio de antecedentes penales con la Policía Judicial de Cabo Verde.

El acuerdo fue suscrito en compañía del embajador de Cabo Verde en Washigton, Carlos Veiga, y del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Bruce Swartz.

Este último ha sido clave en múltiples investigaciones contra la corrupción.


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