Italia conmemoró este año el Orgullo Lgtb con varios encuentros virtuales y físicos, aunque sin aglomeraciones por la pandemia de coronavirus.
La comunidad reclamó avances en la defensa de sus derechos, como la ley contra la homofobia que pronto llegará al Parlamento.
Este año, los organizadores renunciaron a las grandes manifestaciones en las calles del país debido al coronavirus, que ha infectado a más de 240.000 personas y causado la muerte a 34.700.
Sin embargo este fin de semana se realizaron algunos actos en varias ciudades, como Bolonia (norte), Nápoles o Palermo (sur), entre otras, pero respetando las medidas de distanciamiento para evitar los contagios.
El alcalde de Milán, Beppe Sala, iluminó el ayuntamiento anoche con la bandera arcoiris y aseguró que la suya es una ciudad de inclusión, derechos y humanidad.
Italia además se ha sumado a la iniciativa Global Pride 2020 por internet con el cantante Tiziano Ferro, declarado homosexual, y la activista transexual Vladimir Luxuria como embajadores.
Una de las apuestas para este evento mundial fue un coro desde la monumental plaza de la Signoria de Florencia, en el que varias personas, separadas entre sí, entonaron cánticos por la igualdad, como el tema Born this way de Lady Gaga.
Una de sus principales exigencias del colectivo es una ley efectiva contra la homofobia. Y así se ha reclamado en muchos de los eventos del país, como el de la tarde del sábado en la plaza del Plebiscito de Nápoles, con la presencia del alcalde Luigi De Magistris.
Esta semana se prevé que la Cámara de los Diputados empiece a estudiar un proyecto de ley contra la homofobia, impulsado por el parlamentario Alessandro Zan, del Partido Demócrata, una de las fuerzas del gobierno de coalición.
El objetivo es reforzar la actual Ley Mancino de 1993, que castiga los delitos de odio por razones de raza, étnicas, religiosas o vinculados a la nacionalidad.
La propuesta de Zan propone incluir entre esos supuestos de hecho la discriminación basada en la orientación sexual, identidad de género o la misoginia, que serán penados con hasta cuatro años de cárcel.
Esto se ha topado con el rechazo de la Conferencia Episcopal Italiana, que cree que una nueva ley no es necesario y apuestan por promover el compromiso educativo para una serie prevención de los casos de discriminación y homofobia.
Desde la organización Arcigay lamentan que Italia es el único país de Europa occidental sin una legislación contra estos fenómenos y exigen la aprobación de una proyecto de ley eficaz que ayude a «las muchísimas personas que han sufrido y sufren violencia».