La Organización de Estados Americanos (OEA) debe pedir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que revoque el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica que dictó para restringir los derechos constitucionales en el país, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW). «Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes», dijo Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW. Wilkinson destacó que luego de que la oposición logró el control de la Asamblea de Venezuela en las pasadas elecciones, Maduro decidió el pasado 13 de mayo atribuirse la facultad de despojar a la legislatura nacional de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales, alegando un complot extranjero para desestabilizar su gobierno. Aseguró que el decreto de Maduro vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales la separación de poderes. Igualmente recordó que el decreto también ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores a suspender los convenios que prevean financiación extranjera para personas u organizaciones, cuando «se presuma» su «utilización con fines políticos o de desestabilización de la república». «En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a defensores de derechos humanos de desestabilizar la democracia, este decreto podría en la práctica obligar a importantes organizaciones no gubernamentales, que dependen de la financiación exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o a reducir drásticamente su trabajo», alertó en un comunicado de prensa. La ONG advirtió además que el Estado de Excepción declarado por Maduro podría otorgarle al gobierno mayor discrecionalidad para limitar aún más derechos humanos que están siendo continuamente vulnerados en Venezuela, incluidos los derechos a la libertad de asociación y expresión.


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