Human Rights Watch denunció este jueves que las autoridades de Brasil no están dando la protección adecuada a los niños venezolanos que llegan solos huyendo de la crisis, a su territorio.
529 menores venezolanos no acompañados cruzaron la frontera y entraron por Roraima, de acuerdo con los datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, cuyo personal ha ido entrevistando a los niños en territorio brasileño.
90% de los pequeños tienen edades comprendidas entre 13 y 17 años de edad.
«Es muy probable que la cantidad total sea mayor. Algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso», advirtió HRW en un comunicado.
«La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas solos abandonen Venezuela, en muchos casos, para conseguir comida o recibir atención médica», aseguró César Muñoz, investigador senior sobre Brasil de HRW.
«Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de menores venezolanos, no les brindan la protección urgente que necesitan», alertó.
«No pueden inscribirse en la escuela»
HRW aseguró que algunos niños terminan viviendo en las calles y quedan vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por grupos delictivos.
«Sin un tutor legal no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica», indicaron a Human Rights Watch defensores públicos federales y Unicef.
Anteriormente, los servicios de protección infantil de Roraima asignaban algunos niños venezolanos a albergues estatales, en los que el director actúa como tutor, y les brinda oportunidades de estudios y documentos de identidad para acceder al sistema de salud pública.
No obstante, estos sitios están desbordados por lo que un juez dictaminó que no acojan a más niños, dijo HRW en el informe
Por esta situación, los consejos tutelares en Boa Vista, capital de Roraima, han pedido una autorización judicial para enviar a algunos niños venezolanos a refugios de Naciones Unidas creados para acoger a venezolanos adultos y familias con hijos.
Estos albergues se crearon como parte de la Operación Acogida, una iniciativa del gobierno federal con el apoyo de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, para responder a la llegada masiva de venezolanos.
Sin embargo, estos centros no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para atender a esta población. Un administrador de uno de los albergues afirmó que los menores no acuden a la escuela por la falta de un representante.
Hogares para el resguardo de infantes
La ONG recordó el caso de Jesús Alisandro Sarmerón Pérez, un adolescente de 16 años de edad hallado estrangulado en Boa Vista.
«Su cuerpo había sido introducido en una bolsa plástica y presentaba marcas de haber sufrido torturas. Había llegado solo a Brasil en junio y luego un breve paso por un albergue estatal vivió en las calles de Boa Vista», dijo Sarmerón.
HRW indicó que Unicef tiene planificado abrir dos hogares transitorios para acoger en diciembre a 10 niños sin representantes. Así también proporcionar fondos para su funcionamiento durante los primeros 6 meses.
Para que este proyecto resulte sostenible, la ONG enfatizó en que las autoridades federales y estatales brasileñas deben asumir su coordinación luego de la primera etapa y contribuir a su financiación.
«Unicef también quisiera ubicar temporalmente a niños y niñas solos con familias venezolanas y brasileñas, para lo cual las autoridades tendrían que crear un programa de familias de acogida en Roraima y comprometerse a asignar los fondos necesarios para que sea sostenible», indicó Sarmerón.
HRW hizo hincapié en que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños venezolanos no acompañados no debería recaer en las autoridades del Estado brasileño. Además, debería abarcar otros aspectos, además del alojamiento.
«El gobierno federal de Brasil debería trabajar junto con las autoridades municipales y estatales de Roraima, así como con funcionarios del sistema de justicia en el ámbito federal y estatal, con el fin de establecer un sistema con fondos adecuados para la identificación, el seguimiento y la asistencia de niñas y niños venezolanos no acompañados», dice el texto.
Por último, ha defendido la colaboración de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan en Roraima.
«También deberían garantizar que estos niños y niñas tengan acceso a educación, atención médica y documentos legales», concluyó.