El representante de Human Right Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió este jueves que la crisis carcelaria es un problema que se extiende por toda América Latina.
«En las prisiones no hay esfuerzos serios por rehabilitar al delincuente. Hay un verdadero abandono del Estado respecto de la población carcelaria», lamentó Vivanco en una declaración luego de reunirse con el mandatario ecuatoriano en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito.
Vivanco abogó como solución para el problema penitenciario por que se promueva un debate serio y que permita a la población carcelaria, eventualmente, regresar a la legalidad.
El sistema penitenciario de Ecuador atraviesa una delicada situación después de los motines e incidentes violentos ocurridos en los últimos meses que han causado una veintena de fallecidos en el primer semestre del año.
Debido a esta situación el mandatario decretó el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social en todo el ámbito nacional, durante 60 días, que fue renovado por 30 días adicionales este martes, con el fin de tratar de solucionar las necesidades emergentes de los reclusos y carceleros.
Fuerzas militares también han sido desplegadas en las inmediaciones de los centros penitenciarios, sin que hasta el momento hayan podido impedir las agresiones en su interior.
Vivanco aplaudió a Ecuador por el logro en la construcción de un Estado de Derecho moderno y consolidado.
El responsable de HRW para la región también felicitó el modelo de transición democrática que logró el Ecuador desde fin del mandato del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), y aseguró que no puede permitirse que eso se ponga en entredicho o en riesgo.
Ante las acciones de los nuevos funcionarios a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Vivanco denunció que «lamentablemente quienes hacen mayoría hoy en el CPCCS están aparentemente empecinados en destruir lo que se ha construido en materia de institucionalidad».
Se refería a la reciente Constitución del principal órgano de control social de las instituciones del país. Dicho documento causó críticas por supuestas ilegalidades en el proceso de postulación de su presidente el sacerdote José Tuárez, así como las propuestas de la designación de jueces de la Corte Constitucional que llevó a cabo el anterior CPCCS que tenía carácter transitorio.
Vivanco se reunió con los integrantes de la Corte Constitucional en Ecuador y afirmó que es una envidia para América Latina y que es un tribunal que enorgullece al país porque cumple un rol de protección, de libertades y derechos.
En este contexto, alertó de que no puede «darse el lujo de retroceder desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. Hay que defender lo alcanzado», apostilló después de reconocer la trayectoria e independencia del anterior presidente del CPCCS, Julio César Trujillo.
Este experto constitucionalista dirigió la administración transitoria del organismo salido de una consulta popular en febrero de 2018, que concluyó con las funciones de los vocales que hasta ese momento integraban de manera oficial el CPCCS y fueron designados bajo el gobierno de Correa.
Los vocales del CPCCS tienen la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades de las entidades de control y, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos.