La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes al régimen cubano de aprovechar las normas destinadas a prevenir el contagio del coronavirus para intensificar la represión a los disidentes. En ese sentido, la organización informó que ha documentado 34 casos de abusos.
En un comunicado, HRW aseguró: «Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre la pandemia, las autoridades cubanas han realizado detenciones arbitrarias, abierto procesos penales abusivos y mantenido detenidas a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación de la enfermedad causada por el coronavirus».
Represión sistemática del disenso
«Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente», señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La organización citó lo sucedido el 26 de noviembre en La Habana, donde la policía desalojó por la fuerza a un grupo de creadores pertenecientes al Movimiento San Isidro, al alegar que uno de ellos había incumplido el protocolo anticovid-19.
Esos artistas llevaban más de una semana recluidos voluntariamente en una vivienda -cinco de ellos en huelga de hambre- para exigir la libertad del rapero aficionado Denis Solís, condenado por supuesto desacato.
El desalojo suscitó al día siguiente una protesta pacífica de más de 300 artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura, algo inédito en Cuba, donde no existe de facto el derecho a la manifestación al margen del Estado.
Abusos
Además de ese caso, Human Rights Watch afirmó que entre julio y noviembre de este año entrevistó por teléfono a 35 personas en Cuba. Por esa y otras vías consiguió documentar abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del régimen.
«Treinta de las víctimas fueron detenidas, acosadas, multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas penalmente por supuestamente violar normas relacionadas con el covid-19; entre ellas, nueve fueron acusadas de no usar la mascarilla (que en Cuba se llama ‘nasobuco’) correctamente», indica el comunicado.
Y añade: «Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por ‘propagación de epidemias’ debido a que difundieron información sobre casos de covid-19 en la isla, mientras que dos más recibieron multas o reprimendas no relacionadas con faltas específicas establecidas en la legislación cubana».
HRW recordó que en Cuba el delito de «propagación de epidemias» está penado con multas y hasta nueve meses de prisión, y que además el régimen cubano aprobó legislación específica sobre esta pandemia, que hace cumplir con multas y en último extremo con hasta seis meses de cárcel si éstas no se pagan.
«Con arreglo al derecho internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Estos incluyen la prohibición de los malos tratos, los principios fundamentales del acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento», subrayó HRW.
Las restricciones de las libertades de expresión y asociación por una emergencia de salud pública, apuntó la organización, solo están justificadas cuando tienen un fundamento legal, son estrictamente necesarias y proporcionadas, no son arbitrarias y tienen una duración limitada, entre otros criterios.