A finales del mes de junio, un grupo de ciudadanos colombianos fueron deportados a su país luego de que permanecieron tres años privados de libertad. Habían sido acusados de “paramilitares” por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en 2016.
Uno de ellos es Yahir Tapia, quien llegó a Caracas “en busca de un mejor futuro”, contó en una entrevista al diario colombiano La Opinión. En dicho año, debido a la crisis en el país, se presentó en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para ser deportado a Colombia.
Relató que junto con un grupo de sus coterráneos fueron trasladados hasta el estado Táchira, pero los regresaron a Caracas, lo que coincidió con el supuesto plan terrorista que denunció Nicolás Maduro en agosto de 2016. Eran 59 en total, la mayoría de la costa colombiana. Ninguno se conocía.
A Germán Espitia lo detuvieron mientras regresaba del trabajo. Tenía 15 años viviendo en Venezuela. “Me detuvo la Policía Nacional Bolivariana. Me pidieron la documentación venezolana, les dije que tenía residencia y me llevaron a una inspección de rutina que duraría media hora, pero se convirtió en 34 meses de duro cautiverio”.
Vivieron encerrados durante largo tiempo en un galpón. “Hay que ser claros, permanecimos en un injusto secuestro, nosotros no estábamos presos, fuimos secuestrados por Maduro. Nunca nos comprobaron un delito”, declaró Espitia, quien añadió que les daban comida podrida, con vidrios y clavos, por lo que varios presentan problemas de salud.
Durante tres años no pudieron defenderse como lo dicta la ley. Escucharon rumores de que podrían quedar en libertad con la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El 28 de junio recibieron un mensaje de uno de sus abogados del Foro Penal, quien les confirmó que habían dado la orden de deportarlos a Colombia. Un día después, los trasladaron desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana, con destino al aeropuerto de Santo Domingo, en Táchira. Desde allí fueron en autobús hasta San Antonio y cruzaron el Puente Internacional Simón Bolívar, donde se pusieron a la orden de las autoridades. Migración Colombia confirmó que ninguno de los 59 deportados tenía antecedentes penales en ese país.
Con información de La Opinión